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¿El negocio del ecoturismo en el Perú está preparado para regirse por los principios de una economía verde?

Roxana Barrantes y Jerico Fiestas analizan el potencial del sector turismo en áreas naturales protegidas, en un artículo para la revista Apuntes.

La inclusión de consideraciones de sostenibilidad y costos ambientales en el desarrollo de actividades económicas tiende a generar cierto rechazo en algunos gobiernos o empresas privadas, ya que temen que el crecimiento económico o rentabilidad no fluya a la misma velocidad que si no se los consideran.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la economía verde ha surgido como un modelo de desarrollo alternativo que propone que es un buen negocio emplear tecnologías eficientes y renovables, incluir los costos ambientales y orientar las políticas de fomento del crecimiento económico hacia una economía que genere menos contaminación.

Entonces, ¿vale la pena preguntarnos si los principios de la economía verde se pueden aplicar a una economía como la peruana? ¿Es posible regir las actividades del sector ecoturismo bajo estos principios, en especial los casos de desarrollo de infraestructura en las áreas naturales protegidas (ANP)?

En la última edición de la revista Apuntes, nuestra directora general Roxana Barrantes y el economista Jericó Fiestas analizan las leyes y normas que rigen esta actividad en el Perú, tomando como marco de referencia los principios de la economía verde, con el fin de proponer recomendaciones de políticas que permitan un aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en beneficio de la sociedad.

En su artículo “El cambio hacia una economía verde: el caso de la infraestructura de turismo en áreas naturales protegidas”, Barrantes y Fiestas concluyen que el ecoturismo en las ANP es una «alternativa viable» para la transición hacia una economía verde en nuestro país. Ello se debe a las posibilidades que tiene para generar bienestar social y empleo para la población local, así como para contribuir a la preservación de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y las tradiciones culturales.

Vacíos y poca claridad en la normatividad
No obstante, el texto sostiene que para que ello ocurra es necesario que se generen incentivos económicos que estén contenidos con claridad en la normatividad que rige este sector, ya que así se podrán implementar políticas que serán exigibles a los agentes privados.

Los autores señalan que las pocas normas vigentes existentes se aplican solamente a las ANP y dejan un vacío para la administración de las áreas de conservación regional (ACR) y áreas de conservación privada (ACP). Asimismo, afirman que faltan instrumentos legales para implementar la figura de la concesión para el desarrollo del ecoturismo en las ANP, donde también detectan que la construcción de infraestructura turística carece de regulación específica.

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Foto: El Comercio