Informe del IEP señala que alta rotación en los ministerios del Interior y de Justicia pone en entredicho la estabilidad de ambos sectores para el desarrollo de estrategias y planes contra la delincuencia. Ocho meses en promedio dura un ministro del Interior en el cargo.
También se advierte que presión ciudadana por “mano dura” se ha incrementado y se corre el riesgo de militarizar la lucha contra el crimen. Reto del próximo Gobierno será aplicar un plan efectivo sin caer en medidas populistas.
El Perú tuvo 21 ministros del Interior y 18 ministros de Justicia y Derechos Humanos en menos de 15 años (desde julio de 2001 hasta enero de 2016), según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El informe, que tiene como título “Próximo gobierno debe aplicar plan efectivo contra la delincuencia sin caer en medidas populistas”, señala también que los últimos tres últimos gobiernos (Humala, Garcia y Toledo) han tenido 7 ministros del Interior cada uno y que el promedio de un ministro del Interior en el cargo es de 8 meses aproximadamente.
Por ello, se concluye que la alta rotación observada en el ministerio del Interior –que es el ente rector del Estado en materia de seguridad ciudadana– y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya labor también está ligada a esta tarea, pone en entredicho la estabilidad de ambos sectores para el desarrollo de estrategias y planes efectivos contra la delincuencia.
Presión por la “mano dura” se ha incrementado
El informe también sostiene que la presión por una política de seguridad basada en la “mano dura” ha aumentado debido al aumento de la sensación de inseguridad (la más alta de las Américas), así como a la insatisfacción y desconfianza con la policía y el sistema de justicia. Más de la mitad de los peruanos cree que se deben aumentar los castigos para los delincuentes y siete de cada diez personas creen que las fuerzas armadas deberían combatir la delincuencia.
Por ello, el IEP advierte que de no ser bien entendida esta demanda por mayor seguridad, se corre el riesgo de militarizar la política contra el crimen, aumentar las penas o incluso puede llevar a ajusticiamientos o quiebres de la institucionalidad democrática.“El reto del próximo presidente será aplicar una política integral de seguridad que no solo sea efectiva para reducir los niveles de criminalidad, sino también respetuosa de los derechos humanos y el orden constitucional”, afirma la publicación.
El informe también ofrece información clave para la toma de decisiones en la lucha contra el crimen. A pesar de lo que se piensa, el tipo de delito más frecuente en el Perú no es el robo con arma (19%), sino el hurto con 32% (robo sin arma y sin agresión). En tercer lugar está el robo sin arma con agresión física (18%) y le siguen el robo de la casa (12%) y la extorsión (8%).
De igual modo, el documento ofrece información sobre la desconfianza en las instituciones que lucha contra el crimen y preguntas que deberían responder lo candidatos en este aspecto.
►LEE: Inseguridad, estado y desigualdad en el Perú y América Latina : un estado de la cuestión (Aragón, Morel y Zárate; 2013)