Centro de pensamiento e investigación en ciencias sociales

“¿Aló, contraloría?”, por Roxana Barrantes

*Texto escrito por Roxana Barrantes para el Diario El Comercio ► https://bit.ly/2JHRTaW

Siempre nos preguntamos por qué, si los recursos están presupuestados, las obras no se hacen y los servicios a cargo del sector público se brindan de manera deficiente. A propósito de mi entrega anterior (18 de mayo), varios colegas –funcionarios públicos probos todos– compartieron sus experiencias. Cualquier parecido con el teatro del absurdo es pura coincidencia.

  1. Para cumplir sus funciones, una entidad se ve obligada a equipar y operar un laboratorio, ya que los privados, ante posibles conflictos de intereses con sus clientes, se niegan a aceptar encargos del sector público. Se siguen todos los procedimientos de manera responsable, pero ante la escasez de oferta de un local apropiado, se justifica (con informe técnico y legal) la compra del local a un proveedor único. El jefe de la entidad invita a Control Interno a participar concurrentemente del proceso, pero se niega. Hoy, todos los funcionarios involucrados tienen denuncia penal abierta.
  2. Un funcionario toma una decisión varios días antes del plazo de vencimiento, y la notifica otros varios días antes. Se abrió un proceso administrativo al funcionario responsable. ¿Motivo? Por no esperar hasta que el plazo se venza o, en interpretación de la Unidad de Control, “por acelerar el proceso”.
  3. Ante la imposibilidad de contratar más personal, un gerente interpreta un instructivo de atención de usuarios de tal modo que, en lugar de abrir procesos sancionadores a las empresas ipso facto, se diera solución a los usuarios por la vía de gestiones directas. ¿Resultado? Procedimiento administrativo sancionador ¡para el gerente!
  4. Otra entidad técnica decide fijar un nivel de tarifas utilizando un método determinado. Control Interno cuestiona ese método y propone otro. ¡Es como si Control Interno del BCR le dijera al directorio que la meta de inflación debería ser otra!

Estos ejemplos no son sino la punta del iceberg de un sistema de control obsoleto, lleno de profesionales de contabilidad y auditoría, dedicados a contar y leer las normas de manera literal, sin averiguar su finalidad y las necesidades de los ciudadanos. Para aplicar la ley literalmente sería suficiente un buen sistema de inteligencia artificial. En realidad, ni siquiera eso: bastarían máquinas que aprendan (machine learning).

La contraloría requiere una reforma profunda. Cuando la SBS emprendió, hacia finales de los 90, un proceso de modernización, siguió la exitosa experiencia en los 60 del Banco Central de Reserva: atraer lo mejor del talento joven y formarlo en cursos de verano para incorporarlo a la institución y, poco a poco, cambiar la cultura organizacional. A la par, trabajó en atraer profesionales prometedores a mitad de carrera y ofrecer paquetes atractivos de retiro, de aquellos poco propensos al cambio.

Se requieren nuevos funcionarios para ejecutar una reforma profunda en una entidad que está más dedicada a colocar trabas que a contribuir a que el Estado cumpla su función, y así se haga creíble y confiable a ojos de los ciudadanos.