Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP, fue consultada por el diario Gestión acerca del desarrollo de un sistema financiero inclusivo ante la crisis por la Covid-19 ► https://bit.ly/2ydi5pr
Comex advierte -en su último semanario- que pese a que el país ya cuenta con una Política Nacional de Inclusión Financiera la que fue aprobada en agosto del 2019, el Ministerio de Economía y Finanza aún no emite el Plan Estratégico Multisectorial de la mencionada política que guía los objetivos trazados para alcanzar la inclusión financiera.
Estos eran generar competitividad productiva, contribuir a reducir la pobreza y desigualdad, así como promover el desarrollo económico y la estabilidad financiera mediante el desarrollo de un sistema financiero inclusivo.
Las crisis aceleran la historia y hacen que procesos que antes tardaban meses o años se lleven a cabo en menos tiempo. Uno de estos es el acceso a cuentas de ahorro en el sistema financiero, advierte Comex.
“De acuerdo con una de las metas de la Política Nacional de Inclusión Financiera, se apunta a incrementar este acceso del 38.1% en 2018 al 43% en 2021 y al 75% en 2030. En la actual crisis, se prevé que esto aumente, dada la necesidad sanitaria de manejar menos efectivo y la actual desconfianza que existe frente a las aglomeraciones en entidades financieras”, indicó el gremio.
No obstante, para Comex esta meta, que planeaba concretarse en unos diez años, ahora más que nunca en toda nuestra historia se hace necesaria acelerarse dado que la entrega de los subsidios monetarios, por ejemplo, enfrenta grandes dificultades porque las personas no tienen una cuenta en el banco para hacer efectivos los depósitos.
Además, también se ha hecho evidente que llegar al 100% de la cobertura del sistema financiero, es decir, que todos los distritos tengan instalado al menos un canal o medio para que la población pueda usar los servicios financieros es más que necesario, apuntó el gremio.
“Esa es otra de las metas de la referida política a 2030. No obstante, la crisis actual nos muestra que no deberíamos llegar a un 75% de la población adulta, sino a un 100%, y no plantearnos una cobertura total en diez años, sino mucho antes. De lo contrario, no habremos aprendido de los costos de esta crisis”, agregó.
Tomando en cuenta que el 22% de la población indígena y el 70.7% de población que habla una lengua originaria no tiene ni siquiera acceso al suministro eléctrico. También resulta de interés -recuerda el gremio- incorporar diferencias demostradas por la economía del comportamiento, tales como que, en promedio, las mujeres son menos aversas al riesgo que los hombres y que recortan gastos en lugar de buscar fuentes adicionales. Datos que sin duda deben tomarse en cuenta.
-BIM–
En los últimos años, nos hemos enfocado en herramientas como la Billetera Móvil (BIM) o las fintech, pero no se tiene en cuenta que el ecosistema es el limitante principal, tal como señala Carolina Trivelli, especialista en políticas sociales.
“Sin la infraestructura mínima ni la capacidad de usar el dinero digitalmente no se lograrán mayores avances. Por ello, esta coyuntura es una oportunidad sin precedentes para que más negocios se afilien a medios de pago electrónico, tanto las bodegas como los mercados de abastos. Incluso, la economía informal podría incorporarse al sistema financiero mediante créditos condicionados, por ejemplo”, sostiene el gremio.