Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP, fue consultada por el diario El Comercio sobre los bonos de ayuda económica entregados por el Estado peruano durante la crisis sanitaria por la llegada del Covid-19 ►https://bit.ly/3crYO2e
Una fuente relacionada al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que se está evaluando la entrega de un bono para artistas, agricultores y pescadores. Aún estaría pendiente, sin embargo, determinar en cuánto se fijaría dicho subsidio.
“El tema está en una comisión interministerial [conformada por] los ministerios de Economía, Inclusión Social, Producción, Agricultura y Cultura”, precisó la fuente a El Comercio.
Ello en vista de que estos sectores de la población no habrían alcanzado los beneficios del bono de emergencia a familias vulnerables ni aquel destinado para los trabajadores independientes.
Para tal fin, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reúne información sobre el padrón de personas que serían beneficiadas.
Ante la medida de extensión del aislamiento anunciada ayer por el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del COVID-19, la ex titular del Midis, Carolina Trivelli, resaltó que se sumarían otros grupos de personas que pasarán a encontrarse en una “situación de vulnerabilidad”, tras un mes sin asistir a su centro de labores.
“Cada día que se alargan las medidas de restricción, nuevos grupos requieren de esta ayuda del Estado”, manifestó.
Trivelli detalló que estos grupos están conformados por trabajadores del sector informal y emprendedores que ya no cuentan con capital de trabajo.
“Necesitamos asegurar que las entidades de microfinanzas están activas y tienen capacidad de prestar recursos rápidamente a esos emprendedores y que las cadenas logísticas le van a facilitar fiados”, afirmó.
En ese sentido, explicó que además de un bono, sería necesario plantear medidas para la reactivación de estos negocios.
La entrega de este subsidio, comentó, debería realizarse de una forma más eficiente, con el objetivo de evitar la concentración de personas y un posible riesgo de contagio.
“Como ya vimos con los primeros bonos, tenemos que encontrar una solución para el sistema de distribución de los pagos: que la gente no vaya a hacer colas en una entidad financiera, [ya que] eso no tiene sentido con las medidas de restricción”, apuntó.
Por su parte, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, comentó que es necesario atender a otro sector empresarial que no estaría al día en sus pagos.
“La economía ha venido enfriándose antes del COVID-19. Entonces, hay un sector empresarial y de emprendedores que probablemente no está al día en sus cuotas con el banco. Esos sectores no pueden aplicar ni a los beneficios que da el banco ni a la inyección de liquidez que está haciendo el MEF”, observó. “El sistema financiero tiene problemas como intermediario en esta etapa”, agregó.
Beteta explicó que esto sucede ya que el sistema financiero “siempre se va a preocupar por mantener limpia su cartera de clientes, por no subir mucho la morosidad y no perder con los intereses”.
“Es comprensible, pero en una situación de emergencia […] ayudar a la gente que está mal sería bastante ético y socialmente responsable en este momento”, destacó.
A la par de ello, indicó también que una parte de la clase media de distintos sectores económicos no está generando ingresos directos, principalmente aquellos independientes con renta de cuarta categoría.
“Aproximadamente suman 1,8 millones de personas y puede que algunos accedan a su AFP y retiren sus 2.000 soles, pero eso no es suficiente”, subrayó.
Entre las iniciativas sugeridas por Beteta se encuentran la exoneración del impuesto de cuarta categoría en el 2019 para independientes formales y la emisión de un certificado virtual para que estén exentos de pagar cualquier impuesto municipal.
En su análisis, las medidas dispuestas por el Gobierno se están implementando “lentamente y no incluyen a todos». Al respecto, además, precisó que de acuerdo con sus estimados, el programa Reactiva Perú beneficiaría solo a 100.000 empresas, “en el mejor de los casos”.
Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de garantizar la digitalización de los procesos bancarios, en búsqueda de reducir el riesgo de contagio.
“Es una buena ocasión para digitalizar no solo servicios, sino también [por ejemplo] hacer billeteras electrónicas. Creo que eso se debe evaluar como una oportunidad de mejora», manifestó.
Siendo así, a los retos pendientes se suma además la capacidad de respuesta del Estado para recibir a estos nuevos beneficiarios.
“Yo creo que en las primeras semanas del aislamiento muchos trabajadores del sector informal, que tenían un negocio en marcha –ya sea un gasfitero o un jardinero– han podido resistir con sus ahorros o con un bono. Veo difícil que puedan seguir subsistiendo si no generan un ingreso”, comentó Trivelli.
La ex titular de la cartera ministerial enfatizó que, junto a lo dispuesto, se requiere también prestar atención a las necesidades de las zonas rurales.
“Tenemos dos desafíos que son críticos: uno es que esta mala solución para el mundo urbano –que es ir a hacer colas en una entidad financiera– ni siquiera existe [en la zona rural], porque no hay bancos”, expresó.
Con ello en mente, la población tendría que desplazarse hacia la ciudad para efectuar el cobro y, bajo esas circunstancias, aumentan las posibilidades de contagio.
“El segundo es que podríamos mandar [el bono] a través de su celular, pero si [la persona] no lo puede hacer efectivo, no le va a servir de nada, incluso si tiene conexión de teléfono. Ahí tenemos que invertarnos algo con apoyo de los municipios”, dijo Trivelli.
La especialista subrayó que se debe reconocer que actualmente el sistema de salud no atiende oportunamente a todas las personas y que esta situación se agrava aún más en las zonas rurales.