Un día como hoy –diez años atrás– se presentó el Informe Final de la CVR. En ese momento, el pensamiento conservador, vinculado a los poderes fácticos, inició un debate semántico. La primera cuestión fue alrededor del término “partido político” para caracterizar a Sendero. Los críticos de la CVR no quisieron reconocer el origen ideológico del levantamiento senderista ni la voluntad de poder que animó a sus militantes. Se sostuvo que al llamar a SL “partido político” se negaba su condición de terrorista y se lo asimilaba a la democracia. Nada más falso, puesto que se conoce de partidos políticos autoritarios y genocidas, como el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, entre otros.
Luego, se desarrolló otro debate semántico, sobre el término “conflicto armado interno”. Los poderes fácticos sostuvieron que la CVR ponía en pie de igualdad a los agentes del Estado con Sendero. Para esta postura, el término nuevamente ocultaba la condición de SL como terrorista y no defendía al Estado, cuyo personal militar habría respondido y no iniciado la lucha ni los métodos cruentos que la caracterizaron.
Este tipo de consideraciones se halla en el otro relato integral de la guerra interna aparecido en estos diez años. Se trata de la versión oficial del EP titulada “En honor a la verdad”. En este texto, se califica a Sendero y al MRTA como organizaciones terroristas y entiende ese período como la lucha contra el terror. Así, el EP pone por delante un concepto que siempre ha estado presente causando cierta incomodidad: el terrorismo.
No hay duda que Sendero utilizó ampliamente el terrorismo. El asesinato y la violencia física fueron sus métodos para abrirse paso. Además, sus ataques tenían por objetivo sembrar pánico en la población y obligarla a aceptar la legitimidad de la violencia. Todo ello está dicho por la CVR. Sin embargo, el concepto de “guerra contra el terrorismo” sugiere que solo SL habría sido terrorista. Pero, ¿no hubo violencia indiscriminada en la respuesta del Estado?
Todo indica que sí. La cantidad de masacres cometidas por las fuerzas del orden es cuantiosa. Imposible entender las fosas comunes como acción individual de oficiales que perdieron el temple. Además, en el cuartel Los Cabitos se ha hallado desde hornos crematorios hasta restos humanos. El mismo texto oficial del EP sostiene que, recién con el manual de 1988, el EP impulsó decididamente la formación de rondas campesinas y labores de inteligencia. Así, durante el período anterior, el combate militar fue librado sin conocer al enemigo y dando manotazos, que hicieron desaparecer a mucha gente inocente.
Por ello, “En honor a la verdad” concluye que –además del terrorismo– con respecto a la violencia existe una responsabilidad compartida del Estado, del propio ejército y de los que no hicieron nada. Sin pedirle peras al olmo, el EP sugiere una visión de la violencia como alimentada por diversas fuentes, aceptando que el mal traído por Sendero abrió la caja de Pandora del racismo y la discriminación seculares. Esta versión no contradice el argumento de la CVR, sino lo complementa.
Un último punto es la noción de víctima. Al comienzo se pensaba que la población civil había quedado atrapada entre dos fuegos. Luego, se conoció el nivel de participación de los actores locales en la violencia. Algunos individuos fueron sorprendidos; pero, otros participaron activamente y los últimos fueron forzados. Pocos fueron inocentes. Donde llegó, la guerra obligó a tomar partido.
Diez años después, lo notable es la seriedad de versiones oficiales y oficiosas de todos los actores. Además, una extensa producción literaria que ha calado en la imaginación de los peruanos. Pero, ningún relato ha ganado consenso.
La mayoría ciudadana primero quiso pasar la página sin pensar demasiado; luego, se asustó con el MOVADEF y ahora no sabe bien qué hacer. Para lograr significado, el debate sobre la CVR debería salir del círculo estrecho de interesados para dirigirse a la opinión pública, único terreno realmente decisivo.
Fuente: La República (28/08/2013)