Al filo de las fiestas navideñas, el Contralor General, Fuad Khoury, fue entrevistado por La República para realizar un balance de la lucha contra la corrupción en el año que fenece.
Entre los numerosos puntos que plantea, queremos destacar uno crucial: la presencia efectiva de la CGR en las numerosas reparticiones públicas del Estado peruano.
De acuerdo al Contralor, las oficinas del Estado son 3,300 y solamente en 280 el auditor interno es nombrado por la CGR. Es decir, en el 92% de los casos, este auditor es un funcionario nombrado por la misma entidad que audita.
Puede parecer un punto menor, pero es una de las claves de la lucha contra la corrupción. En efecto, los auditores internos deberían ser la red de la CGR en la administración pública. En principio, su función sería verificar los procedimientos administrativos en tiempo real. En el mismo momento que se realizan las operaciones, ellos deberían garantizar que el procedimiento sea limpio.
Si esa red funcionara con eficiencia, la corrupción caería drásticamente. Los auditores internos podrían estar enlazados por un sistema de cómputo y si efectuaran su labor con diligencia, sería muy difícil robarle al Estado.
La condición esencial para ello es que los auditores sean realmente nombrados por la CGR y dependan de la institución de control. Pero, en la actualidad, nos informa el contralor, solo ocurre en el 8% de las reparticiones públicas.
Mientras que, en el resto, el auditor interno es nombrado por la misma dependencia que debe ser auditada. Peor aún, su salario lo paga esa misma institución y no la CGR. De ese modo, lejos de ser el verificador de la legalidad, muchas veces actúa al revés, ocultando los sobornos que debe evitar. Lejos de funcionar como ojos y oídos de la Contraloría, son un escudo contra su injerencia.
Por supuesto que hay excepciones y muchos profesionales honestos y valiosos entre los auditores independientes que cumplen estas funciones. Pero, los individuos actúan bajo la lógica que impulsa el sistema. Si una autoridad corrupta es quien contrata a un auditor para dar el visto bueno de sus operaciones, entonces muchos de “sus” auditores avalarán situaciones que deberían denunciar. Lamentablemente es así.
Por otro lado, cabe destacar que el dinero para pagar a los auditores está consignado en el Presupuesto General de la República. Las entidades públicas que pagan directamente a su auditor poseen una partida para ese fin. Por ello, el Ministerio de Economía, MEF, podría transferirla en una sola resolución. Es cuestión de mover una sola partida, de las entidades donde se halla actualmente a la CGR. Sin embargo, la decisión no se toma, año tras año.
El Contralor informa que anualmente lo solicita y que solo a cuentagotas aumenta la cantidad de auditores que realmente nombra y maneja. En la orilla opuesta, el MEF y el Congreso son indiferentes ante los requerimientos materiales de la CGR para contratar personal propio.
¿Cuál es la causa de esta parálisis? Solo hay una respuesta: una elevada desconfianza. Los gobiernos saben que la corrupción está muy enraizada en el país y que su administración difícilmente será inmune. Por ello, temen las consecuencias de investigaciones de la CGR que podrían desestabilizarlos. Pero, es una política ciega.
Una red de auditores orgánicos de la CGR podría emitir señales de alarma válidas para un gobierno serio, realmente interesado en cortar irregularidades y sancionar sobre la marcha. No para hacer historia de la corrupción, sino para evitarla en el momento que está sucediendo.
Así, se trata de una decisión clave. El Ejecutivo y el Congreso, al formular y aprobar la Ley de Presupuesto, pueden dejar todo como está o cambiar el rumbo. Si deciden lo segundo, significa fortalecer una institución que eventualmente puede juzgarlos y demolerlos, si detecta corrupción. El gobierno tendría que vencer sus temores y veremos si puede entender. Se trata de un típico deseo de fin de año, que esperemos sea realidad el 2014.
Fuente: La República (18/12/2013)