Al terminar la II Guerra Mundial, se abrió un nuevo capítulo del derecho público internacional: la cuestión del mar. Hasta entonces, este tema se regía por una antigua norma, según la cual el Estado ribereño tenía derecho apenas a tres millas de mar. Ello obedecía a que ningún cañón de barco alcanzaba esa distancia; por lo tanto, protegía los puertos de un ataque sorpresivo. Pero, durante la Segunda Guerra se superó ampliamente ese límite, dando paso a un nuevo escenario con relación al mar del planeta.
En 1945, el presidente de los EE.UU., Harry Truman, estableció el derecho de su país a los recursos naturales que se hallen en su plataforma continental. No se hizo dueño del mar, sino de los recursos, incluyendo los existentes en el fondo del mar, tampoco fijó extensión exacta, lo cual correspondió a los presidentes de Chile y Perú, quienes establecieron la tesis de las 200 millas en 1947. Eran los primeros países del mundo en precisar esa cifra.
Comenzando los años 1950, sumados al Ecuador, Chile y Perú firmaron un conjunto de acuerdos sobre temas marítimos e iniciaron una campaña para convencer a la comunidad internacional de la justicia de las 200 millas. Pero, uno de estos acuerdos constituye el centro de la controversia en La Haya, donde el Perú ha evidenciado que se trata de un convenio pesquero, mientras que Chile lo interpreta como tratado de límites marítimos.
Los diplomáticos peruanos de esas décadas estuvieron fuertemente involucrados en llevar el tema del mar a la ONU, sustentando la postura de las 200 millas, que afortunadamente fue ganando consenso. En el seno de los no alineados y luego ante las grandes potencias, diversos países fueron atraídos a la propuesta que inicialmente había sido planteada por tres pequeños Estados del Pacífico sudamericano.
A pesar que subsistían desacuerdos, al reunirse un número de países interesados en fijar la legislación internacional sobre el mar, la ONU convocó a una conferencia para afrontar el tema. El Perú promovió intensamente el evento y el embajador Alfonso Arias-Schreiber fue crucial en la formulación de las ideas fundamentales.
Pero, finalmente, nos quedamos sin adherir a la Convención del Mar, CONVEMAR. ¿Qué había ocurrido? Pues, que se descubrió un punto que motivó una preocupación nacionalista proveniente de distintos sectores. La CONVEMAR sostiene que existen doce millas de mar territorial y las restantes 188 corresponden a una zona económica exclusiva. Es decir, según la legislación internacional, en esas 188 millas solamente el país ribereño puede realizar actividades económicas, sin que eso signifique soberanía plena.
Era 1982 y por esa razón el gobierno de Fernando Belaunde se abstuvo de firmar. Diversos grupos políticos animaron una campaña nacionalista defendiendo la postura peruana tradicional y argumentaron que de aceptarse la CONVEMAR, una vez más y como siempre, estaríamos cediendo territorio.
Así, el Perú se ha mantenido al margen de los organismos internacionales que están normando derechos y obligaciones sobre el mar. No es la situación de Chile, que sí se incorporó a la CONVEMAR. Por ello, en los debates sobre esta legislación internacional no se escucha la voz del Perú. Se está construyendo un complejo aparato institucional y nosotros estamos fuera, mirando cómo otros deciden sobre puntos que son de nuestra incumbencia e interés.
Incluso, hemos hallado que para el asunto de las fronteras marítimas, en caso de superposición de las 200 millas, la CONVEMAR establece precisamente la línea equidistante, que es nuestro caso con Chile en La Haya y nuestra postura para resolverlo. No pertenecemos, pero usamos su legislación para fundamentar nuestra demanda.
Ante esto, Chile ha llamado la atención sobre nuestra inconsistencia y advierte que la Corte le daría mar a quien no respeta la legislación internacional al respecto. En este caso, ¿habrá llegado el día de aceptar que nuestro interés nacional consiste en adherir cuanto antes a la CONVEMAR.
Fuente: La República