El congresista Daniel Mora y la Comisión de Educación del Congreso parecen decididos a sacar al caballazo la nueva ley universitaria. Por su parte, la Asamblea Nacional de Rectores viene realizando una defensa de su autonomía para seguir manejando la educación superior a su criterio. Entre ambas posturas, la ciudadanía aún no se ha formado una opinión definitiva.
Sin embargo, en blogs especializados se registra una fuerte polémica y se ventilan propuestas renovadoras que no son tomadas en cuenta por los órganos de poder enfrentados. Entre otras, vamos a comentar algunas ideas tomadas del blog Universidad Siglo XXI.
En primer lugar, entender el momento que vive la educación superior en el Perú, que corresponde a su generalización. Continúa la senda abierta anteriormente por la primaria y la secundaria. En la próxima generación casi todos los jóvenes irán a la universidad. El punto es cómo evitar una profunda crisis de calidad.
Ante esta cuestión capital, la ley Mora plantea una utopía. La propuesta de nueva ley ordena que todas las entidades de educación superior se dediquen a la investigación y norma que se formen vicerrectorados respectivos en todas las universidades. Es un grave error.
Mejor es pensar en un sistema. Por ejemplo, universidades en todas las provincias para formar técnicos, donde el estudiante sume créditos que puede llevar a otro nivel. Por ejemplo, saca su primer título como técnico y si desea accede a una universidad de enseñanza que forma profesionales, suma los créditos acumulados y avanza de nivel. Si es brillante y está interesado en una carrera académica, pues hará lo mismo que en el caso anterior y avanzará a alguna de las pocas universidades de investigación y obtendrá un doctorado.
Así, con un sistema acumulativo y con libertad para que el estudiante sume sus créditos y pueda ir subiendo de escalones, se puede lograr mejorar la calidad. La capacidad instalada no dará jamás para cientos de universidades de investigación, por ello la ley no necesita soñar, sino plantear soluciones realistas.
Por su lado, la ANR defiende un concepto manido que ha sido casi sacralizado, la autonomía. Deriva de la profunda desconfianza en el Estado, al cual, por otro lado, se le pide el presupuesto para financiar la universidad pública y gratuita. Las razones para esa desconfianza son reales. El poder político muchas veces ha intervenido para despedir profesores de oposición y nombrar adictos. Pero, la autonomía pocas veces ha funcionado como un mecanismo para afirmar la excelencia académica.
En muchas ocasiones la autonomía se ha traducido en nombramientos de redes de parientes, amigos y demás relacionados. Verdaderas cliques se han constituido y los pleitos internos por poder están a la orden del día. Así, la autonomía no ha fomentado la excelencia, sino lo contrario y se hace difícil reformar la universidad peruana sin un sistema externo que acredite la calidad y pertinencia de cada centro académico.
Por otro lado, la autonomía en el Perú equivale a bajos presupuestos. Al MEF no le interesa la universidad pública, porque piensa que la elite se forma en instituciones privadas. La universidad pública peruana es mendicante y su economía no permite enseñar bien, menos investigar y producir conocimiento.
Parece evidente que debe propiciarse un sistema de entes externos a la universidad que la ordenen, autorizando, acreditando e impulsando la formación del sistema peruano de educación superior. Ello no significa desaparecer la ANR, que puede continuar como gremio de los rectores.
El problema de la ley Mora es que concentra estas funciones en una superintendencia y la hace depender del Ministerio de Educación. Otra utopía, creer en la capacidad para mejorar la educación superior de un ministerio que no puede con la educación básica.
Lo recomendable sería darle más tiempo a este debate, antes de sacar una ley que no ha de resolver nada y más bien generar elevado conflicto político.
Fuente: La República (11/12/2013)