Un ensayo publicado por Manuel Dammert en el “Foro Soberanía Energética” llama la atención sobre las contradicciones del gobierno en este tema. Para empezar, el presidente Humala se había comprometido a construir un gasoducto entre Camisea e Ilo, donde instalaría un polo petroquímico.
Durante la campaña, el entonces candidato Humala prometió darle prioridad a este proyecto.
Posteriormente, en su primer año de gobierno, repitió varias veces su oferta. Pero, en el último mensaje presidencial expuso un cambio fundamental que niega el proyecto tantas veces prometido. No habría segundo gasoducto directo al puerto moqueguano, sino una simple prolongación del gasoducto actual que va de Camisea a Pisco, donde nacería un ramal costero que llevaría etano a Ilo.
¿Quién es el beneficiario de este cambio? Pues, el consorcio Repsol-Hunt, dueño del negocio existente. En el otro escenario surgiría una competencia y dos gasoductos ofrecerían el producto, bajando los precios a los consumidores. Mientras que, con la solución anunciada en el mensaje, habría un solo gasoducto y el país seguiría dependiendo al 100% del consorcio. En suma, las empresas han defendido su monopolio.
Los entendidos opinan que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha sido el actor de este cambio, realizado en acuerdo con el ministro de Economía, Luis Castilla. Ambos representan el ala continuista en materia económica, en perfecta armonía con la orientación neoliberal de las últimas décadas. La política que han impuesto al presidente defiende el interés empresarial, anulando un proyecto largamente acariciado por la población del sur del país.
Incluso, PetroPerú ha firmado convenios con los gobiernos regionales del sur para la construcción del segundo gasoducto, donde el Estado iba a asociarse con una empresa brasileña para participar de la operación. Pero, más han podido los lobbies y el gobierno central ha detenido un proyecto energético que contaba con licencia social y política de la ciudadanía. Como sostiene Dammert, el solo anuncio presidencial ha multiplicado el valor de los activos de Repsol, que se halla interesada en venderlos.
No es el único caso. Los expertos informan que la modernización de la refinería de Talara está en entredicho. El Estado estaba dispuesto a invertir en la tecnología de producción de gasolina, adecuándola a estándares internacionales de conservación del medio ambiente; inversión que goza de consenso entre la población de la región Piura y sus representantes.
Pero, con las sucesivas crisis ministeriales, el ala neoliberal está buscando todo el poder y quiere copar la orientación del gobierno. La postergación de la inversión pública en Talara también beneficia a Repsol, dueña de la refinería La Pampilla, que no tendría que invertir para ponerse a la par de su competidora estatal. La compañía seguiría operando con la misma tecnología antigua y no gastaría un centavo en inversión.
Asimismo, permanece la duda sobre el retorno de PetroPerú a la explotación petrolera. No obstante los anuncios del presidente Humala en este sentido, ha pasado un año y no se sabe si cumplirá este ofrecimiento. En realidad depende de PerúPetro, que bajo la gestión anterior no dio los pasos necesarios.
La nueva administración ha prometido hacerlo, pero sigue en veremos y las promesas del gobierno se las lleva el viento.
Se suponía que un gobierno nacionalista defendería ciertas empresas nacionales. En otros países latinoamericanos las empresas estatales en sectores estratégicos siguen vigentes. Por ejemplo, en el Chile neoliberal no se privatizó la Empresa Nacional de Petróleo. Aunque, nuestro vecino del sur carece de pozos sin embargo su empresa estatal interviene activamente en el negocio. Por ejemplo, en el Perú participa de una cadena de grifos en sociedad con el Grupo Romero.
Así, seguimos siendo coto de caza de empresas transnacionales que hacen su agosto con los consumidores peruanos. ¿Y el gobierno nacionalista?, bien gracias, ni sabe ni opina.
Fuente: La República