Durante el primer semestre de 1983, el Perú se sumergió en una espiral de horror, al multiplicarse exponencialmente las víctimas de la guerra interna. El Ejército Peruano, EP, acababa de tomar control de las zonas de emergencia en Ayacucho y el jefe del Comando Político Militar, general Clemente Noel, ingresó muy confiado, declarando a El Comercio que en tres meses acabaría su labor.
Pero, Noel carecía de una comprensión del fenómeno terrorista y el manual de operaciones de las FFAA estaba desfasado. De acuerdo al libro «En honor a la verdad», que contiene la versión del EP sobre la guerra contra el terrorismo, su manual de operaciones estaba basado en las guerrillas de 1965, que habían sido completamente diferentes. En los sesenta, la guerrilla había formado zonas de seguridad y operado con columnas uniformadas. Por el contrario, Sendero no defendía territorios, sino que buscaba controlar a la población a través de prácticas terroristas. Por ello, el EP buscaba y no encontraba, y en su desesperación empezó a arrasar algunos poblados acusados de pertenecer al enemigo.
A fines de enero de ese año fue la masacre de Uchuracchay, donde un grupo de periodistas perdió la vida al ser confundidos con un pelotón senderista, por campesinos muy enardecidos a causa de asesinatos políticos que venían ocurriendo en la zona. El país se polarizó. La Izquierda Unida, IU, denunció crímenes contra la población civil y el oficialismo redobló sus acusaciones contra los líderes de la izquierda legal como senderistas encubiertos. La campaña se centró en Javier Diez Canseco, quien por su parte denunció a Clemente Noel ante la Fiscalía de la Nación.
La campaña del EP fue particularmente áspera en los poblados rurales de Ayacucho. En los dos años anteriores, Sendero había tomado control, estableciendo comités populares que ejercían el poder local. Por ello, sus militantes estaban identificados por los campesinos.
Ante la ofensiva militar, el cuerpo principal senderista se replegó y no defendió sus territorios, dejó hacer al EP. Por ejemplo, en San José de Secce, situado en las alturas de Huanta, ochenta campesinos fueron desaparecidos acusados de apoyar el terrorismo.
Pero, el comité central de SL decidió dar una lección a los campesinos colaboracionistas. El mismo Guzmán ha declarado que buscaron evidenciar que Sendero era un hueso duro de roer. Por ello, organizaron operativos contra comunidades que habían formado las primeras rondas. El 3 de abril, una columna senderista atacó el poblado de Lucanamarca asesinando a 69 pobladores, incluyendo catorce niños. Era una comunidad que muy temprano se había pronunciado por el EP y había ultimado a una familia senderista local.
Así, comenzó una horrible etapa de venganzas y contra venganzas. Con sus decisiones, tanto Sendero como las FF.AA. llevaron la guerra a las aldeas. En ellas nadie fue neutral, los campesinos tenían que posicionarse y en esa decisión arriesgaban la vida. Por ello, en forma paralela empezó un gigantesco proceso de migración en busca de seguridad. Sobre todo los jóvenes, o se iban o morían.
Por su lado, el gobierno andaba completamente perdido, creía que detrás de Sendero estaba la izquierda legal y las ONG. El presidente Belaunde postulaba que fuerzas internacionales financiaban el conflicto y justificaba el accionar del general Noel. En ese sentido, la participación del Estado tenía una sana motivación, pero pobre guía política y operativa.
Sendero buscaba conscientemente golpear a Acción Popular y quebrar el sistema de partidos. Por ello, atentó contra el local central de AP en Lima asesinando a tres militantes de la lampa. En el caso de IU, aunque había condenado enérgicamente a Sendero en 1982, no lo asumió como enemigo frontal del sistema democrático.
En suma, la clase política y las instituciones mostraron serias dificultades para entender una situación inédita como una guerra interna. Lamentablemente, en estos treinta años, el desconcierto político se ha generalizado.
Fuente: La República (05/06/2013)