Habitualmente se acepta que en el Perú vivimos un caso singular de democracia sin partidos políticos y con bajo nivel de ciudadanía. Pero poco se estudia cómo funciona el sistema en la práctica. Dos son sus características principales. En primer lugar, la agenda política la establecen los medios de comunicación. En ello se registra una
tendencia contemporánea, presente en todo el planeta, pero que alcanza límites inusitados entre nosotros, precisamente a causa de la inexistencia de partidos que precisen los debates principales. Por el contrario, se discute lo que desean los medios, que en realidad son un campo de lucha, porque hay tendencias, pero aquí importa el grupo dominante.
En segundo lugar, los empleados públicos de nivel medio y bajo constituyen una burocracia mal pagada y desmotivada, además poco entrenada en sus responsabilidades. Por ello, esta masa requiere ser conducida por otra burocracia más calificada. Esa elite del funcionariado proviene de fuera del Estado, su fuente está en universidades, ONG y empresas privadas, no en los partidos políticos. Está tan descuidada la carrera pública que rara vez el jefe de un ministerio proviene de sus canteras. La decisión en una oficina pública la toma el personal de confianza, que entra y sale con el titular, a quien acompaña en el nombramiento y en la salida.
En el Perú tenemos dos burocracias de elite que compiten por dirigir el aparato del Estado. La mayoría es neoliberal y ha sido mayoritaria después de los años noventa. Pero, asimismo existe una segunda tecnocracia de nivel, que responde a una orientación izquierdista. Proveniente de ONG y universidades, algunos empezaron su carrera en los años 1970 con Velasco y han participado a cuentagotas de la función pública; aunque un grupo logró experiencia durante el gobierno de Toledo o participando en gobiernos locales y regionales.
Esas dos tecnocracias compiten y pocas veces cooperan. Pero el proyecto de este gobierno es lograr esa alianza, formando una coalición, donde cada cual aporte lo suyo. En teoría, los neoliberales a cargo de asuntos de crecimiento y los izquierdistas en redistribución. Pero la cooperación no es fácil porque existen múltiples presiones.
Es ahí donde reaparecen los medios de comunicación, porque ellos manejan el debate público. Su función consiste en canalizar intereses y articularlos bajo forma de campañas de impacto en la opinión pública. No informan sino orientan y muchas veces sus excesos les son contraproducentes, porque se registra una buena cantidad de campañas perdedoras.
Desde que ingresó el actual gobierno, ha tomado cuerpo una de esas campañas de largo aliento en la prensa nacional. Se trata de golpear a la burocracia izquierdista que ha apostado por participar del gobierno de Ollanta Humala. Empezó con Ricardo Soberón y ahora se halla centrada en Aída García Naranjo. Esta campaña aprovecha sus errores para debilitarlos y propiciar cambios a corto plazo, abriéndole espacio a la burocracia neoliberal de elite, que aspira a recuperar el pleno control de la maquinaria gubernamental.
El verdadero blanco de la campaña es el Presidente del Consejo de Ministros, que encarna el ideal de colaboración entre estas dos alas. Por ello, Siomi Lerner ha propiciado un contrapeso en el Estado, buscando incorporar a la función pública a dirigentes de izquierda, profesionales de ONG y académicos. Por su parte, los medios de derecha buscan impedir la reorientación del aparato del Estado, golpeando a la tecnocracia izquierdista que ofrezca pretexto y en el fondo apuntando a un segundo gabinete con nuevo premier. Según su cálculo, ese sería el momento para cooptar a Humala y retornar a la normalidad.
Fuente: Diario La República