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[ARTÍCULO] El acceso a cuentas bancarias puede salvar millones de vidas, pero no es suficiente, por Ivonne Villada

Lee el artículo de Ivonne Villada, investigadora del IEP, escrito para el para el portal FinDev Gateway► https://bit.ly/2M8DSlI

La promoción de cuentas de ahorro para las mujeres como un instrumento de lucha contra la pobreza, ha tenido en la región un largo camino recorrido. Tras diez años de vincular la inclusión financiera con la protección social, a través de la iniciativa de Proyecto Capital, en un trabajo estrecho con 14 gobiernos de América Latina y el Caribe, el cual logró -por medio de su trabajo de incidencia, diseño e implementación- que más de 4 millones de participantes de programas de transferencias monetarias accedan a una cuenta de ahorro o a una billetera electrónica y que más de 5 millones de personas reciban educación financiera; varias son las lecciones que se pueden extraer de ésta iniciativa para buscar avanzar más rápido en las soluciones que se necesitan.

El primer aprendizaje es que, efectivamente, los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y los pagos de gobierno a personas son una plataforma potente para la apertura masiva de cuentas de ahorro.

Durante las últimas semanas, hemos visto como la mayoría de los gobiernos de la región han anunciado medidas de rescate económico. Muchas de ellas incluyen bonos y subsidios dirigidos a la población que ya venía siendo atendida por programas sociales -la mayoría de ellos mujeres-, y amplía estos beneficios a nuevos grupos como las personas mayores, los jóvenes y los trabajadores informales. El Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe desarrollado por la CEPAL, recopila y pone a disposición las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la CEPAL, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Países como Colombia, han anunciado la ampliación de los subsidios de sus programas sociales (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor) y un ingreso extra para 3 millones de familias del sector informal que no hacen parte de los programas de transferencias. Perú, pagará un subsidio monetario a 2,8 millones de hogares pobres en los ámbitos geográficos con mayor vulneración sanitaria. Paraguay, entregará por dos meses un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente para trabajadores informales, mientas que el Gobierno de Bolivia anunció un Bono Familia que beneficiará a 1,5 millones de estudiantes y Chile entregará un bono de emergencia a 2 millones de personas sin trabajo formal y pertenecientes al 60% más vulnerable de la población.

Esto demandará un masivo proceso de pagos, que puede exponer a las personas de alto riesgo debido a las aglomeraciones que puedan suscitar la entrega de los beneficios. De allí que, será clave utilizar las lecciones apredidas por los programas de transferencias monetarias para realizar pagos masivos, mediante la apertura de cuentas simplificadas, cuentas de ahorro o incluso mediante el pago a través de servicios financieros móviles, como ya lo han venido haciendo hace varios años países como Colombia, Paraguay y Perú.

Es importante destacar que, efectivamente, es mucho más económico para los programas sociales realizar pagos de manera electrónica que presencial. En Chile, por ejemplo, pasar del pago por ventanilla a pagos a través de cuentas simplificadas (principalmente CuentaRut del BancoEstado) a través de la iniciativa promovida por el Ministerio de Desarrollo Social mediante el Programa ChileCuenta, significará que cada pago a través de medios electrónicos sea, en promedio, un 60% más barato para el Estado.

Las cuentas de ahorro son además una puerta de entrada para lograr una mayor profundización financiera. Lo que las mujeres usuarias de los programas sociales han manifestado de los pagos realizados a través de sus cuentas o teléfonos móviles, es que necesitan que venga acompañado de toda la información (la cartola con su saldo o las fechas de realización de los pagos), conocer las ventajas de utilizar la cuenta y sus canales transaccionales (los canales virtuales son más económicos o incluso gratuitos), pero también es muy importante, conocer los posibles costos que implica para ellas el uso de la cuenta.  De esta forma, no sólo se podría estar entregando una solución de un medio de pago, sino también una herramienta de largo plazo para la administración de los recursos financieros de las mujeres.

La sola apertura de la cuenta no garantiza que sea usada como una herramienta más en el control y manejo del dinero. Es necesario incrementar las capacidades financieras de las mujeres, para que estas usen los instrumentos financieros a su favor.

No es suficiente con promover el acceso, si este no viene acompañado con la educación financiera pertinente para usar de mejor forma los productos financieros. Es necesario hacer énfasis en contenidos que les explique cómo utilizar los distintos canales transaccionales, cómo consultar sus saldos y estados de cuenta, conocer los mecanismos de protección para que sepan que su dinero está seguro, los comercios locales y medios de pago donde pueden transar a través de su tarjeta o de su teléfono celular, así como las prácticas que deben tener para resguardar su dinero. Todas las anteriores son capacidades que deben ser priorizadas en este contexto a fin de evitar el cash-out y que las personas se desplacen a las sucursales.

Es un trabajo sostenido con la demanda… ¡pero también de la oferta! que atienda las reales necesidades de las mujeres, especialmente las mujeres rurales garantizando cobertura y atención.

En una investigación desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en la región de Cusco, Perú, sobre la viabilidad de poner a funcionar el producto de billetera móvil Bim (más conocido como Modelo Perú), al ser consultadas las mujeres de las comunidades rurales se fue percatado que persistían altos costos de transacción para acceder a la oferta financiera. Las mujeres manifestaron que tardaban entre 2 a 3 horas para trasladarse desde sus casas hasta la sucursal bancaria más cercana, gastando entre US$ 3 a US$ 5 en su transporte. Asimismo, la investigación concluyó que un 75% no usaba el agente corresponsal bancario y todos sus pagos los realizaba en efectivo.

Por lo tanto, si bien la bancarización y digitalización de los pagos dan un instrumento de protección sanitaria, debe estar acompañada de una infraestructura financiera adecuada, que garantice capilaridad y disponibilidad del dinero.

En Chile, la estrategia de banca corresponsal CajaVecina, ha logrado acercar la banca a todas las regiones, incluso las más apartadas y especialmente a la población de bajos ingresos. La CajaVecina es en términos simples, el “banco en un almacén”. Un sistema de corresponsalía que permite transacciones de giros, depósitos, pago de hipotecario, consumo, pagos de cuentas y recargas de celulares a través de dispositivos electrónicos (POS) instalados en almacenes y comercios para clientes y futuros clientes. CajaVecina se alió, dentro de la misma filial de BancoEstado con BancoEstado Micrompresas, garantizando así toda la red potencial de microempresarios para instalar las cajas corresponsales.

En 2005 instalaron la primera CajaVecina, que actualmente tienen una cobertura en el 100% de las comunas de Chile y según datos del Informe de Huella Social del BancoEstado 2019 sobre la evolución de cobertura de la CajaVecina, hay 2,2 puntos de atención por cada 1000 habitantes de bajos ingresos, y ya a junio de 2019, contaban con 27.577 Cajas Vecina en todo Chile. Casos como éste y de otros modelos de negocio desarrollados para fortalecer la infraestructura bancaria, son necesarios para garantizar el acceso y una descongestión del sistema.

No ha una solución única, no hay una talla única que les sirva a todas. Es necesario segmentar, encontrar las diferencias para atender las necesidades específicas y hacer más eficientes las intervenciones.

Entre lo que todavía necesitamos aprender y falta aún por desarrollar, está el cómo segmentar más y mejor.  No hay una solución, no hay una talla única que les sirva a todas las mujeres, incluso a las que ya hacen parte de los sistemas de protección social.

Nuevamente en Chile, a través de una investigación desarrollada entre el Instituto de Estudios Peruanos IEP, la Universidad de la Frontera y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS -encargado de implementar la política social-, se logró identificar 5 perfiles de capacidades financieras de las mujeres que hacen parte de los programas sociales. Esto favorecería el diseño de una ruta de intervención diferenciada, articulando esfuerzos de política y optimizando tiempos y esfuerzos.

Finalmente, no perder el foco ¿a dónde queremos llegar con la inclusión financiera de las mujeres? Tras años de promover la inclusión financiera, ahora contamos con la evidencia suficiente de su aporte en los activos productivos, sociales y en las estrategias de ahorro de las mujeres. Necesitamos ahora avanzar para que efectivamente sea una herramienta que contribuya en lo que las mujeres quieren construir de sus vidas, de sus familias y en últimas, de su futuro.