Texto escrito por Roxana Barrantes para el diario El Comercio ► https://bit.ly/2zADcSF
Vengo escuchando esta oración desde siempre, particularmente cuando uno se pregunta si no habría una manera diferente, y más eficiente, de hacer las cosas. “Siempre lo hemos hecho así”, ante lo cual la respuesta es: “¿por qué no puede mejorar?”, “¿por qué no podría cambiar?”.
Cualquier cambio en el statu quo requiere mínimamente la identificación de un problema, encontrar alternativas de solución, y una persona que lidere la voluntad de cambio, con el suficiente poder para implementarlo. Pero ahí no se acaba el listado de requisitos.
Un componente fundamental de cualquier cambio institucional es la identificación de los perdedores y las maneras cómo su oposición al cambio será neutralizada. Las pérdidas de estos agentes pueden ser de poder puro, pero en la mayor parte de los casos son de recursos económicos (“les afecta el bolsillo”) y ahí se generan oposiciones fuertes y, muchas veces, virulentas.
Es difícil estar interesados en temas de gestión pública y evitar hablar de la coyuntura que clama por cambios radicales en las instituciones encargadas de la administración de justicia –Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público–.
Un juez supremo que afirma que una niña de 14 años dio consentimiento a una relación sexual cuando la ley literalmente lo prohíbe es solo uno de los casos que ha salido a la luz en estos días sobre el criterio para desobedecer la ley que tienen estas autoridades, o para operar un mercado de favores. La parte de identificación del problema ya tiene un ‘check’.
Estoy segura de que encontraremos alternativas de solución, pero me pregunto cuántas de estas alternativas pasarán la prueba de la identificación de perdedores y de las acciones que estos perdedores estarán dispuestos a realizar para evitar los cambios, y la manera cómo el liderazgo del cambio las neutralizará.
En el caso de la administración de justicia, lo que está en juego es un sistema muy enraizado del cual son parte no solamente las autoridades (jueces, fiscales, secretarios de juzgado, etc.), sino también los patrocinadores de las causas; es decir, abogados de todo nivel. Cualquier reforma seria hará que estos pierdan. ¿Se quedarán de brazos cruzados? Por supuesto que no, ya que su supervivencia está en juego y su oposición se dará en todos los niveles y todas las formas posibles.
Ya lo estamos viendo con las palabras de siempre: debido proceso, derecho de defensa, comisión, propuesta. Son pocos los que están pronunciando esa palabra que también se usa en derecho: decoro.
Por decoro, ya deberían haber renunciado varios, si no todos, los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura, para empezar. Por decoro, las autoridades, de todos los poderes del Estado, tendrían que estar focalizando el ejercicio de su poder más en el fondo del asunto –el mercado de favores– y menos en la filtración de información que ha transparentado para el ciudadano cómo funciona este mercado.
La administración de justicia es un componente fundamental del combo institucional necesario para que el Perú se desarrolle y, en consecuencia, tarea de economistas.