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Cada vez más y con mayor frecuencia enfrentamos desastres naturales. De ahí la urgencia de hacer prevención, pero también de prepararnos como sociedad para enfrentarlos.
El Estado es el actor clave. Este, administrado por el Gobierno, debe tener un esquema de respuesta que atienda cada emergencia: carpas, agua, etcétera, para que los damnificados puedan pasar la emergencia el día que sucede; y tiene por cierto que activar planes de reconstrucción. Además de tener una acción permanente de prevención.
Pero para atender cada desastre, con eso no basta. El Estado tiene que asegurar a los ciudadanos que tomará acciones para permitirles pasar de la emergencia –de la carpa, olla común, teléfono compartido y bidón de agua– a la situación pos reconstrucción –cuando las casas, servicios públicos y actividades productivas se han recuperado–. Entre la carpa y la obra reconstruida, los damnificados siguen necesitando soporte: bonos, servicios provisionales, asistencia social, activos para recuperar la actividad productiva, entre otros.
Los ciudadanos, en particular los más vulnerables, tienen que saber que luego de un desastre, atendida la emergencia y mientras se reconstruye lo perdido, el Estado estará ahí para asegurar que los niños vayan a la escuela, que se tenga alimento y abrigo y que será posible retomar las actividades sociales y económicas. De esto no tenemos nada. Ni protocolo, ni sector responsable, ni estrategia. Que cada damnificado vea como se las arregla.
Los desastres naturales de este verano, El Niño costero ocurrido hace poco o la inundación en San Juan de Lurigancho nos muestran que además de este vacío tenemos un Estado precario que responde sin orden, con lo que tiene a mano en cada caso. Es un Estado que no responde por igual a cada ciudadano afectado por un desastre. A unos les da un bono, a otros no; a unos se les reconstruye lo perdido en días, a otros en años y a otros nunca.
Seguiremos viendo desastres, naturales y otros creados por nosotros mismos, así que en vez de exigir lo de siempre – que los organismos coordinen, que se cree una nueva entidad, que haya liderazgo o que se den decretos excepcionales ante cada emergencia – sería bueno trabajar en una estrategia que asegure una respuesta integral, oportuna y conocida por los ciudadanos.
Necesitamos, además de acciones de prevención, un protocolo efectivo que se active en toda emergencia, y para todo damnificado, que facilite los recursos y asigne responsabilidades para los tres momentos: emergencia, sostenimiento y reconstrucción. Que fije estándares de atención, controles y procedimientos para todos los desastres y evite aprobar excepciones ante cada nueva emergencia.
Recibir atención oportuna y pertinente luego de un desastre tiene que ser un derecho –igual– para todos los ciudadanos. Cada uno debe tener información sobre lo que recibirá, cómo lo hará y bajo que condiciones; viva donde viva, hable el idioma que hable y tenga o no posibilidad de salir en los medios a reclamar.