Hagamos un ejercicio de memoria. En marzo del 2007, el hasta hoy presidente Alan García aprobó el plan de reforma de los programas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad del gasto para asistir a los más pobres. Sucedía que, en ese entonces, existían 82 programas sociales (dispersos en distintos ministerios) y así se decidió reducir esta cifra a 26 programas, con el fin de evitar los graves problemas de duplicidad, subcobertura y filtración de beneficiarios que estos presentaban. Por esos días, García refirió que tampoco se podía evaluar la efectividad de los programas sociales, pues estos simplemente no contaban con línea de base.
Han pasado casi cinco años desde entonces, así que cabría preguntar: ¿ha cambiado la situación que refería García? No mucho.
Se sabe que el principal objetivo de un programa social es asistir a los más pobres y dotarlos de capacidades bajo un enfoque de derechos. Según Iván Hidalgo, presidente del programa Juntos, en esta última gestión presidencial el presupuesto asignado a los programas sociales aumentó de S/.3.500 millones a más de S/.7.600 millones. “Se ha detectado que Juntos utiliza menos del 10% de este presupuesto, pero fue el programa que permitió reducir la pobreza en las zonas más vulnerables”, dice Hidalgo.
Muchos expertos en políticas sociales coinciden en que Juntos tuvo el mejor desempeño en los últimos cinco años
(por la articulación y aumento de la demanda en servicios de salud y educación en zonas pobres), pero no pasó lo mismo con los demás programas sociales. Carlos Aramburú, profesor de la Universidad Católica, refiere que, si bien la pobreza bajó de 44,5% en el 2006 a 31,3% en el 2010, faltó que el gobierno pusiera énfasis en la ejecución de programas sociales en las zonas más alejadas. “Por esa razón la pobreza rural se mantuvo y llega a casi 60%”, indica.
GRAVE FILTRACIÓN
De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multinanual 2011-2013, todavía existen programas sociales que tienen niveles de filtración (personas que no forman parte de la población objetivo) mayores a 40%. Y eso genera una fuga de más de S/.1.000 millones anuales para el Estado.
Así, Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, dice que hubo mucha desidia de parte del gobierno para evitar que haya programas sociales que se superpongan entre sí o que existan personas que hace rato ya no deberían recibir ayuda asistencial del Estado.
“No se pudo negociar con las bases de los programas que tienen mayores niveles de filtración [como Vaso de Leche y comedores populares] para reducir el grave problema de las filtraciones”, refiere Trivelli.
Por eso, la experta incide en que el próximo gobierno debe trabajar en un padrón único de beneficiarios para articular los distintos programas sociales. “Y si no hay un verdadero esfuerzo de coordinación entre los programas que pertenecen a diferentes sectores, es poco lo que se podrá avanzar en los próximos cinco años”, puntualiza Trivelli.
También es importante trabajar en una línea de base para cada programa y que se implementen sistemas de graduación que aseguren que la gente que ya no requiere subsidio del Estado salga de un programa social, a fin de que ese dinero se pueda destinar a las personas que sí necesitan la ayuda.
PUNTO DE VISTA
Enfocarse en resultados
El balance en la ejecución de programas sociales fue positivo. En los últimos cinco años se definió la autoridad social (comisión Interministerial de Asuntos sociales) que hoy se encarga de conducir la política social y los avances en la lucha contra la pobreza.
En segundo lugar, se trabajó en un padrón de beneficiarios para reconocer qué personas son asistidas por determinados programas sociales en los distritos más pobres.
Otro avance fue implementar el presupuesto por resultados (PPR), una política pública que nos ha permitido reconocer los avances y resultados en la disminución de la desnutrición, educación y salud. Lo que hoy se necesita es incrementar el presupuesto de aquellos programas sociales que hayan mostrado ser más efectivos.
Fuente: Diario El Comercio