Lee la columna de Martín Tanaka, investigador principal del IEP, escrita para el diario El Comercio ► https://bit.ly/3t4xP8h
Haciendo un balance rápido del año que se fue, tenemos que su centro giró en torno de unas elecciones generales marcadas por una extrema incertidumbre, en tanto desde el 2016, y más con la pandemia, se presentaban tendencias que modificaban de manera importante un funcionamiento del sistema político al que nos habíamos habituado entre el 2001 y el 2015. El golpe de la segunda ola de contagios del COVID-19 y otros elementos explican la derrota de las opciones de centro y el fortalecimiento de los extremos del espectro político; es así como terminó imponiéndose Pedro Castillo, y hoy en la Presidencia de la República refleja la fragilidad, falta de un rumbo realista y las inconsistencias que evidenció en su candidatura.
En los primeros meses de su gestión, más que una amenaza totalitaria, enfrentamos el peligro de retrocesos significativos en las pocas áreas en las que se inició la implementación de procesos de reforma (justicia, transporte, educación, sistema político) fundamentales para el desarrollo del país. Todo esto atizó la dinámica de enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, amagos de declaratorias de vacancia del presidente incluidos, pero disipados por ahora. Sin embargo, en realidad el dato central del año pasado no fue tanto este conflicto, sino el amplio acuerdo que surge entre diferentes sectores, tanto del Gobierno como de la oposición, de izquierda y de derecha, en contra de las iniciativas de reformas mencionadas, frenadas por el activismo de gremios e instituciones de la sociedad civil y de la movilización de la opinión pública. No deberíamos dejar de considerar que el año pasado fue además el año de nuestro bicentenario, que por razones obvias pasó medio desapercibido.
¿Qué podemos prever para el año que inicia? Sabemos que este es también un año electoral, en el que en las elecciones regionales y municipales se definirán no solo nuevas autoridades, sino también las varias disputas en curso por el liderazgo en la derecha, la izquierda y el centro. El escenario electoral se cruzará con el de los conflictos al interior de la coalición de Gobierno, y entre esta y los diferentes grupos de oposición. Buena parte de cómo queden los alineamientos dependerá del nivel de aprobación de la gestión del presidente Castillo. Si continúa su caída, así como las indefiniciones y contradicciones vistas hasta el momento, puede terminar en un aislamiento muy peligroso que haga inviable su Gobierno, como sucedió con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Al presidente Castillo por ahora le ha funcionado en el Parlamento una aritmética que aisló a los grupos extremistas que van por la vacancia, pero más adelante podría tener que elegir entre un Perú Libre radicalizado y una coalición incierta que incluya a una parte de este y a otra parte de los votos de centro desperdigados en varios partidos.
Para que el Gobierno salga adelante necesita, a mi juicio, ambición y gestión, de manera simultánea. El maximalismo sin capacidad operativa es estéril y solo alimenta a la oposición, y la mera administración eficiente sin cambios significativos implica desnaturalizar al Gobierno y dejarlo a merced de aliados poco confiables. Necesita implementar reformas ambiciosas para lo que requiere la apertura hacia sectores capaces de traducir esas ambiciones en planes operativos concretos y llevarlas a la práctica con gestores calificados, convocando al país en su conjunto. Lamentablemente, hasta el momento el Gobierno tiene poco que exhibir en materia de reformas. ¿En qué quedó el discurso de la “segunda reforma agraria”, por ejemplo? La necesidad de fijar un rumbo claro se hace más necesario considerando que este año estará marcado por un desempeño económico todavía mediocre y por una dinámica social en la que tendremos que convivir todavía con los coletazos del COVID-19.
Retomar la iniciativa reformista, con énfasis en el desarrollo de las regiones y la integración de sectores excluidos, permitiría además retomar el debate sobre nuestro bicentenario, considerando un arco que se cerraría en el 2024, con el bicentenario de la Batalla de Ayacucho.