Lee la columna de Martín Tanaka, investigador principal del IEP, escrita para el diario El Comercio. ► https://bit.ly/3zRkNuM
La semana pasada, comentaba sobre la responsabilidad de Abimael Guzmán en las más de 69.000 muertes calculadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el período del conflicto armado interno entre 1980 y el 2000. Si bien algunas izquierdas revolucionarias latinoamericanas consideraron la lucha armada como estrategia para enfrentar dictaduras o regímenes políticos cerrados en esos mismos años, Guzmán lideró una propuesta sumamente particular. Personalista, mesiánica, dogmática, centrada en el terror como estrategia; basada en un diagnóstico profundamente equivocado de la realidad peruana (“capitalismo burocrático”, formado por capitales de “grandes terratenientes”, dado el carácter “semifeudal” del país). Por ello, nunca tuvo el apoyo del campesinado, más allá de momentos iniciales y en algunas localidades, ni el de la población en general.
¿Cómo pudo entonces Guzmán ser una amenaza tan grande para el Estado y la democracia peruana? En lo que sí tuvo éxito relativo fue en reclutar y adoctrinar a una capa radicalizada de jóvenes que siguieron la retórica de “la rebelión se justifica”, en núcleos universitarios y escolares. La escasa expectativa o decepción que despertaba nuestra naciente democracia, asolada por la crisis económica y serias debilidades institucionales, así como la debilidad de las alternativas de izquierda dentro de la legalidad, hicieron creíble para una capa de jóvenes la opción de la insurrección armada. Pero el componente particularmente criminal de Guzmán, que explica el alto número de muertos, fue basar su insurrección en el uso del terror, en el asesinato con sevicia, en la crueldad como método propagandístico. Para entender el adoctrinamiento de esa capa de militantes, su dogmatismo y disposición para cometer los crímenes más horrendos, es útil saber que en Ayacucho hubo una larga tradición en la que la violencia aparece como fuente legítima para resolver disputas, como ha sugerido Miguel La Serna en su libro “The Corner of the Living. Ayacucho on the Eve of the Shining Path Insurgency” (2012). Carlos Iván Degregori también llamó la atención sobre los rasgos autoritarios y racistas en las élites senderistas. Y acaso también resulta útil la literatura que intenta explicar el reclutamiento contemporáneo de jóvenes de diferentes partes del mundo para integrarse al yihadismo global, porque, ciertamente, Sendero Luminoso logró captar adeptos más allá de las fronteras regionales.
Y esa capa de senderistas dogmáticos y sanguinarios, ¿cómo logró tan importante expansión regional y poner en jaque al Estado y la democracia peruana? Primero, si bien se trató de un grupo pequeño, fue muy disciplinado. Dos, se montaron sobre conflictos inter e intra comunales en diferentes zonas del país, de manera que consiguieron apoyos y aliados coyunturales. Tres, la respuesta del Estado fue represiva e inadecuada durante demasiado tiempo, lo que aisló a las fuerzas del orden.
¿Cómo evitar que estos sucesos se repitan? La CVR planteó un conjunto de reformas institucionales que conviene recordar y que cobran inesperada actualidad en este momento: en primer lugar, habló de “un compromiso expreso del no uso de la violencia y el respeto a los Derechos Humanos tanto desde los partidos políticos como desde las organizaciones sociales, como requisito para integrarse y actuar dentro del sistema de partidos y organizaciones sociales legalmente reconocidos”. Luego, planteó recomendaciones “para lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio”; “para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno”; una “reforma del sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional”. Pero también habló de la necesidad de “una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos”. Preocupó a la CVR “la caída en el nivel de la calidad magisterial, la desactualización y límites en su formación docente, así como la influencia de visiones críticas del Perú inspiradas en un empobrecido marxismo de manual”.