[COLUMNA] «Alberto Fujimori (1938-2024) (2)», por Martín Tanaka

La semana pasada, intentaba una evaluación de la figura política de Alberto Fujimori basada en las decisiones que tomó durante su trayectoria. Al inicio de su gobierno, lanzó las reformas económicas de mercado, pero su profundización fue imposible, teniendo todo para hacerlo, por el carácter autoritario y corrupto de su segundo gobierno. Este autoritarismo está asociado a la decisión de enfrentar la subversión con una estrategia en la que se permitieron prácticas como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones y torturas, como las del destacamento Colina, entre noviembre de 1991 y julio de 1992. No puede decirse que no había otro camino: para entonces ya podía verse que la estrategia que permitió la derrota de los grupos terroristas implicaba trabajar de la mano con la población (las rondas campesinas fueron aislando a los grupos subversivos en el campo) y el trabajo de inteligencia que permitió la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992, y de Víctor Polay en junio del mismo año. Las intervenciones del GEIN de la Dircote, desde mediados de 1990, y en particular después del allanamiento en enero de 1991 de la vivienda donde había estado refugiado Abimael Guzmán, permitieron a la inteligencia policial manejar información sobre la precariedad del senderismo, que, en efecto, se desplomó después de la captura de su líder máximo. En otras palabras, la respuesta paramilitar violadora de los derechos humanos no solo era delictiva; era además innecesaria y, más bien, era una justificación del poder de la inteligencia que manejaba Vladimiro Montesinos. Alberto Fujimori, a pesar de que esa información existía, nunca se apartó ni deslindó claramente de su asesor, hasta el final de sus días.

¿Podría Alberto Fujimori haber realizado un viraje hacia un camino más institucional y democrático, pasadas las circunstancias “excepcionales” de inicios de la década de los 90? Algunas voces cercanas al fujimorismo, e incluso dentro de este, aconsejaron no buscar la reelección en 1995, y tampoco en el 2000. La decisión de seguir un camino autoritario es, nuevamente, responsabilidad de Fujimori. Después de las elecciones no democráticas del 2000, y después del escándalo de los ‘vladivideos’, Fujimori aceptó parcialmente sus responsabilidades, y anunció un recorte de su mandato y un adelanto de elecciones, en setiembre del 2000. Sin embargo, en vez de colaborar con un proceso de transición ordenada, decidió fugar del país y renunciar desde el extranjero. Desde Japón se resistió a un proceso de extradición y nunca dio explicaciones convincentes respecto de las múltiples acusaciones que enfrentó. Luego de su viaje a Chile, en noviembre del 2005, para evitar la extradición desde ese país postuló al Senado de Japón en las elecciones parlamentarias de julio del 2007. De más está recordar que como presidente de la República el mandatario “personifica a la nación”.

Durante sus juicios, más allá de negar sus cargos, nunca dio propiamente explicaciones sobre las lógicas autoritarias y corruptas de su gobierno; nunca tuvo muestras de arrepentimiento o autocrítica, a pesar de que esto conspiraba directamente contra los intentos de su hija, como lideresa de Fuerza Popular, de iniciar un tímido intento de darle un perfil más democrático e institucional a su movimiento. Más adelante, maniobró para lograr un indulto a su favor con una lógica política, no humanitaria. En esto, nuevamente, optó por no seguir un camino institucional.