Lee la columna de Matín Tanaka, investigador principal del IEP, escrita para El Comercio► https://bit.ly/3lErg7X
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(Foto: Presidencia Perú)
¿Se dará cuenta el presidente Castillo de la encrucijada en la que se encuentra? Las decisiones que tome en las próximas semanas serán cruciales para definir si podrá labrar un camino que le permita satisfacer mínimamente las expectativas que despertó entre sus votantes, incluso si alcanzará a terminar su mandato.
El presidente llegó al poder con un discurso refundacional que no se correspondía con la fragilidad de su respaldo electoral y vulnerable posición en el Parlamento, enfrentando en particular una oposición liderada por una derecha con posiciones extremistas. Pero en los primeros cuatro meses de su Gobierno, el presidente no solo no parece tener plena consciencia sobre lo precaria de su situación, sino que hasta parece desafiarla. No es sorprendente, por ello, que en la encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) la desaprobación a su gestión alcance al 65% de los entrevistados; y que esta supere a la aprobación en todos los sectores del país, incluyendo el Perú rural, el sur y el oriente, los niveles socioeconómicos D y E, y las personas que se autodefinen de izquierda. Además, no se registran mayores expectativas de mejora: un 47% piensa que el Gobierno de Castillo “empeorará” en los próximos meses, mientras que un 16% considera que “se mantendrá igual”. Finalmente, la conclusión de todo esto es que un 62% considera que Castillo “no terminará su gobierno”.
De otro lado, tampoco es que haya expectativas respecto de la oposición; la desaprobación al Congreso es aún mayor que la del Gobierno, alcanzando al 75% de los entrevistados. Y la mala evaluación afecta, puntos más o menos, a todas las bancadas, en particular a Fuerza Popular. Tal vez esa sea la razón por la que la mayoría, el 55% de los encuestados, rechaza el pedido de vacancia contra el presidente Castillo; pedido solo mayoritario en Lima, en los niveles socioeconómicos A/B, y entre quienes se identifican con la derecha.
El pedido de vacancia constituye un estiramiento grosero de la norma constitucional hasta un extremo que altera la naturaleza de nuestro régimen político. En el Perú tenemos un régimen presidencialista, elegimos directamente mediante voto popular al presidente, por un período fijo de cinco años. Por ello, el presidente goza de inmunidad y solo puede ser acusado durante su mandato por causales muy acotadas, establecidas en el artículo 117; y la vacancia está pensada solo para casos en los que no sea posible para el presidente continuar materialmente ejerciendo el cargo. En nuestro país, desde el 2016, siguiendo una tendencia registrada en toda la región, los congresos han encontrado en la destitución de los presidentes una manera de “resolver” a su favor el conflicto entre un presidente en minoría y debilitado y una mayoría opositora radicalizada. Para dar cuenta de este asunto es necesario, junto con las complejidades constitucionales, considerar este creciente radicalismo, por lo general en las derechas. De allí que la vacancia se haya “descubierto” como herramienta política solo recientemente.
Haría bien Castillo en recordar que la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski fue consecuencia, en primer lugar, de su aislamiento político, en buena parte fruto de una conducta política errática: no llegó a pactar con el fujimorismo como para apaciguarlo, ni lo confrontó con convicción para asegurarse el apoyo del antifujimorismo. Asimismo, la izquierda nunca lo apoyó, se aisló cada vez más ante la opinión pública, no fue capaz de dar explicaciones convincentes sobre la aparición de denuncias diversas y, finalmente, se vio involucrado en maniobras políticas chapuceras intentando evitar un desenlace cada vez más anunciado.