Lee la columna de nuestro investigador principal, Antonio Zapata, escrita para La República ► https://bit.ly/3IFOA0H
El sistema político peruano está en tránsito, pasando de una democracia vacía y sin partidos al autoritarismo competitivo. Esta degradación de la democracia viene de la mano con la captura de los organismos constitucionalmente autónomos. Después de la fallida transición del 2000 estamos volviendo a un régimen similar al primer fujimorismo. Vuelta atrás.
Sin embargo, nada es igual. En los noventa el Ejecutivo concentró todos los poderes del Estado y arrasó con la institucionalidad, mientras que, en nuestros días, el Congreso está realizando esa labor. El efecto aparente es parecido, desaparecen los pesos y contrapesos y todo se concentra en un poder del Estado.
En el caso del primer fujimorismo, esa centralización era iniciativa del Poder Ejecutivo y se personificaba en alguien concreto que asumía la materialidad del sistema. Precisamente por abusar de su poder, hasta hoy está preso Alberto Fujimori.
En nuestros días la operación es más complicada y tiene menos chances de llegar a buen puerto. El Congreso es mucha gente y está sujeto a maniobras y componendas, como vemos hoy en día protagonizadas por la repartija fujicerronista. No es un órgano efectivo de poder, sino un campo de batalla que carece de estabilidad y capacidad para enrumbar al país.
Además, su popularidad es bajísima y por consiguiente no tiene legitimidad. Nadie cree en la honestidad y sinceridad de sus integrantes. Por el contrario, cuando el golpe del 5 de abril, Alberto Fujimori era bien visto por la mayoría ciudadana y el Congreso era rechazado abrumadoramente, más o menos como hoy día.
Por ello, el regreso al autoritarismo de la mano del Congreso es un golpe silencioso y progresivo, pero con serias dificultades para perpetuarse. Además, en algún momento habrá elecciones y la composición política del próximo Parlamento puede ser bastante distinta. En el mediano plazo, las actuales contrarreformas podrían favorecer a otras fuerzas. En el Legislativo, nadie sabe para quién trabaja.
En su ofensiva actual, el Congreso ha tomado control del Tribunal Constitucional, acaba de hacer lo mismo con la Defensoría y se apresta a hacerlo con la JNJ. Semanas atrás, el Ejecutivo de Boluarte había eliminado la independencia de la Sunedu y se completa el círculo: todo organismo autónomo cae en manos del grupo que maneja transitoriamente el Estado.
Aunque, el plato fuerte aún está por verse. Se trata de los organismos electorales, puesto que son el organizador y árbitro de la competencia electoral. En ellos reposa la clave de los derechos políticos ciudadanos. Boluarte y el Congreso piensan quedarse hasta el 2026 y, además, mantener poder e influencia después de esa fecha. Por eso, la clave del retorno al autoritarismo está en el Jurado, la ONPE y el Reniec. En las últimas experiencias electorales han sido neutrales y por ello son peligrosos. Si continúan siendo imparciales, las próximas elecciones podrían ser ganadas por cualquiera. Además, la izquierda parte con chances, porque ha estado del lado de las víctimas contra un Gobierno represivo y con bajo respaldo.
Para la actual coalición en el poder se hace imprescindible controlar políticamente los organismos electorales. El Legislativo amenaza con retornar a una oscura época de nuestra historia política, cuando el Congreso decidía en última instancia quién había ganado las elecciones. Ese sistema acabó completamente podrido y fue eliminado por la reforma de 1931 que constituyó al JNE. Desde entonces y dependiendo de circunstancias políticas, la ciudadanía ha tenido mayor confianza que antes en los procesos electorales. Al menos el árbitro ha asumido una función imparcial.
Pero, si el Congreso somete a los organismos electorales, entonces el golpe parlamentario podría tener mayores alcances e instaurar nuevamente el autoritarismo de los noventa. En el futuro inmediato, ahí se hallará la batalla clave de la democracia.