Lee la columna escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, en el diario El Comercio ► https://bit.ly/3wI7Es7
Apuntes sobre los últimos y vertiginosos sucesos.
En primer lugar, resulta desconcertante la torpeza exhibida desde la presidencia de la República. El manejo del escándalo de los relojes y las joyas de la mandataria, el haber dado rienda suelta para que su hermano Nicanor opere en su nombre, el no haber deslindado de sus acciones, el haber caído en la quimera del uso de la red de prefectos y subprefectos para intentar inscribir un partido político, el haber cedido a la tentación de intentar hacer negocios, el entorpecimiento de las investigaciones fiscales, todo ello en medio de la obvia precariedad del Gobierno, resulta francamente suicida.
En segundo lugar, no existe en realidad una “guerra” entre facciones dentro del sistema de justicia, donde habría dos sectores altamente politizados disputándose el control institucional. Ver las cosas así pone en segundo lugar lo importante: hay sectores interesados en dinamitar las iniciativas de combate a la corrupción y otros que defienden cierta autonomía institucional. Ciertamente, los segundos pueden cometer excesos y errores, que deben ser criticados, denunciados y corregidos, pero no se trata de olvidarse de las denuncias e investigaciones en curso. Ellas deben proseguir y culminar en absoluciones o sentencias. En los últimos días, el equipo fiscal y policial creado por Patricia Benavides para perseguir a Pedro Castillo, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), terminó investigando a la propia Benavides y luego al entorno cercano de la presidenta Dina Boluarte. La desactivación del equipo policial y las presiones contra la acción de la fiscalía son escandalosas y vuelven a poner en agenda un asunto que ya parecía superado: el de la vacancia presidencial.
En tercer lugar, la coalición que desde el Congreso maneja actualmente las riendas del poder se halla en una encrucijada. Sostener a Boluarte y sus escándalos resulta cada vez más costoso. Las opciones son el adelanto de elecciones, pero solo de la presidencial para completar el período, de manera que ellos se mantengan hasta el 2026. Si bien podrían contar con los votos y el respaldo del Tribunal Constitucional, se trata de una salida bastante difícil de justificar, y de resultados inciertos. La otra es intentar llegar hasta julio del 2025, momento a partir del que todo el poder podría pasar a manos del Congreso, considerando que ya este no puede ser disuelto. Pero esa fecha se ve hoy muy lejana.
Por último, el Congreso necesita tiempo para imponer su agenda. Están tras el objetivo de controlar la ONPE, terminar de controlar la Junta Nacional de Justicia (o simplemente desaparecer la institución) y dominar la Contraloría General de la República. De otro lado, ya se aprobaron modificaciones legislativas que marcan retrocesos en materia de paridad de género electoral, que buscan asegurar que los partidos no puedan ser procesados como organizaciones criminales, entre otros asuntos que indican la lógica y orientación de las reformas. También para aprobar medidas como aumentos de sueldos y bonificaciones parlamentarias, o retiros de fondos de AFP o CTS. Mientras tanto, nadie parece asumir la agenda de los problemas sustantivos, como el aumento en los niveles de pobreza o la caída en la calificación crediticia del país.