Desde el inicio del gobierno de Castillo, ciertos sectores no reconocieron su victoria electoral y solicitaron su vacancia. Ante esa situación de inestabilidad, alrededor de 60% decía que la salida podría ser un adelanto de elecciones y alrededor de un 30% que Castillo terminara su mandato, en ningún momento la idea de que Dina Boluarte asumiera la presidencia pasó de 4% y lo mismo con que se quedara el actual Congreso. Desde el autogolpe frustrado de Castillo, tenemos ese escenario que casi nadie quería; menos del 10% (5% en enero y 8% en febrero) quiere que ambos poderes se mantengan hasta el año 2026. Lo que fue la salida constitucional se ha convertido en una salida ilegítima para la mayor parte de la ciudadanía.
Si bien no se debe cerrar el Congreso cada vez que la ciudadanía lo pida, porque es antidemocrático, la permanencia debería implicar un poco de empatía con quienes se supone que son sus representados. Sin embargo, no solo no aprueban el adelanto de elecciones, sino que han llegado a extremos como el bochornoso asunto de su alimentación, en un país donde 4 de cada 10 han dejado de comer en los últimos tres meses (IEP, junio 2022). Por eso, no sorprende que 9 de cada 10 desaprueben al Congreso.