Lee la columna escrita por nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, para el Diario El Comercio ► https://acortar.link/XWtpBD
En julio de este año, se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), mediante Ley 31841.
Ningún país en el planeta tiene toda la infraestructura que necesita. Los cambios técnicos retan los esfuerzos de planificación. El cambio climático y los intentos de adaptación y mitigación agregan incertidumbre. Por supuesto, la disponibilidad presupuestal termina siendo el gran candado para satisfacer necesidades.
Pero nuestro país carece de infraestructura básica y todos los modelos climáticos apuntan a que seremos afectados pronto por otro evento asociado al clima. ¿Qué estamos haciendo frente a ello?
Más allá de si es conveniente crear una nueva entidad en las actuales circunstancias de gran incertidumbre en diversos frentes, ya está creada y habríamos esperado una implementación pronta.
Quizá en esa línea se encuentra la reciente creación de la Comisión Consultiva para el Desarrollo de la Infraestructura Nacional. Su función es emitir propuestas y hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desarrollo e implementación de la infraestructura nacional. Esto, en el marco de acción es el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
Los miembros de la comisión consultiva son destacados profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura y sobre la economía peruana. El Ejecutivo ha acertado con esta convocatoria y van las gracias anticipadas por su labor ad honórem. La resolución suprema de creación de la comisión especifica que la tarea encomendada no genera incompatibilidades con labor pública o privada alguna, lo que también es de destacar. Quienes llegan al servicio público por sus méritos y experiencia encuentran que el rango de incompatibilidades presentes y futuras puede ser muy oneroso, ya que viven de su trabajo. Muchos convocados y convocadas declinan por ese motivo.
Todo este capital humano al servicio del Estado emitirá opiniones no vinculantes. Comprendo que quienes tienen la carga de la decisión frente a la contraloría prefieran recibir opiniones de expertos que no los comprometan en absoluto. Dicho esto, me pregunto hasta qué punto todo este esfuerzo de los miembros de la comisión consultiva en opinar y recomendar tendrá incidencia en la mejora de los proyectos, de su formulación, coordinación a diferentes niveles, de sus costos, etc. ¿Se prevé, por ejemplo, en el reglamento de la ANIN o de las entidades responsables de programación de inversiones del sector público, una obligación de sus funcionarios de responder sobre cuándo y por qué aceptan o descartan las opiniones o recomendaciones de la comisión consultiva? Me permito sugerirlo para hacer ejercicio de una toma de decisiones pública e informada.
Probablemente, el Ejecutivo está pensando cada paso que toma y por eso está avanzando con lentitud, haciendo honor a la máxima de “voy despacio porque llevo prisa”.