Lee la columna «Después del Caso Cocteles» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ► http://bit.ly/47dcZax
Desde hace algunos años, especialmente después de las revelaciones del Caso Lava Jato hacia fines del 2016 y de los “audios de la vergüenza” de mediados del 2018, la actividad política se ha judicializado. Es decir, el destino de importantes actores políticos depende crecientemente de la dinámica de acusaciones fiscales, procesos judiciales, sentencias, apelaciones y demás. En este marco, además, los actores políticos presionan al sistema de justicia e intentan crear corrientes de opinión para arrinconar a sus adversarios.
Al mismo tiempo, inevitablemente, fiscales, jueces y abogados asumen roles y toman decisiones que tienen claros impactos sobre la esfera política, y en tanto los actores del sistema de justicia asumen posturas distintas respecto de los criterios con los que se debe hacer justicia, basados en diferentes principios y orientaciones, más próximos o lejanos a los actores políticos, se habla también de la politización de la justicia. Ciertamente, en contextos de instituciones débiles y de actores políticos oportunistas, se cometen errores y se cae en excesos. Con todo, si uno mira el Perú en el contexto del vecindario, nuestro país destaca por un inesperado activismo judicial que, así como ha logrado condenas importantes, también ha sufrido derrotas y ha cometido injusticias.
Todavía es muy temprano para hacer un balance sobre todo esto, porque prácticamente todos los juicios están aún en proceso, ya sea porque todavía no se inician los juicios o porque se ha llegado a condenas que están en proceso de apelación en instancias superiores. Sin embargo, desde el inicio resultó claro que los investigados que tuvieron responsabilidades de gobierno estaban mucho más comprometidos dentro de esquemas de sobornos. Considerando al gobierno nacional, tenemos a Alejandro Toledo y el caso de la carretera interoceánica; funcionarios del gobierno de Alan García y la concesión y construcción de la línea 1 del metro de Lima; durante el gobierno de Humala, el caso más sólido es el de la concesión del gasoducto del sur. A esta lista se tienen que sumar los casos de las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán en Lima, asociados a contratos de concesión y cobro de peajes. En este marco, Keiko Fujimori, que no desempeñó cargos públicos, tenía, aparentemente, menores motivos para preocuparse.
Sin embargo, como se sabe, buena parte de la atención pública y de las investigaciones de la fiscalía se concentró en judicializar el aporte a campañas políticas dentro de esquemas de lavado de activos y de constitución de organizaciones criminales, que era la tesis más controversial y que despertó críticas desde el inicio por parte de abogados de muy diferentes posiciones. Las idas y vueltas del llamado Caso Cocteles, con las muchas correcciones que la fiscalía tuvo que hacer dentro del proceso de control de acusación, la anulación del juicio oral en enero de este año y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, parecen confirmar que privilegiar ese camino era una apuesta extremadamente riesgosa, y aplica también para la sentencia que sufren actualmente Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el camino, además, se cometieron excesos bastante claros, como con el empresario Ricardo Briceño o el economista Alberto Pasco Font, entre muchos otros. Esta historia todavía está por contarse, a pesar de los muchos años transcurridos en las investigaciones.