Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka ►https://bit.ly/37WPwIN
Una referida al Poder Ejecutivo y otra al Congreso. Respecto al Gobierno, ya se ha dicho que, dada su precariedad (sin partido, bancada ni bases sociales), solo descansa en el respaldo de la opinión pública; de allí que sea extremadamente “sensible” ante situaciones que puedan afectar sus niveles de aprobación. El problema es que la dinámica de la opinión pública es muy volátil, y en buena parte depende de cómo los medios y los “formadores de opinión” se posicionen frente al Gobierno. En los años sesenta, Karl Deutsch hablaba de la importancia de las élites, de los medios de comunicación y núcleos formadores de opinión para moldear las percepciones de la población, y es un asunto que no debe descuidarse.
Bien visto, los saltos en la popularidad del presidente Martín Vizcarra se explican por la capacidad de sintonizar con expectativas populares, pero también por la capacidad de alinear detrás de sus iniciativas a intereses y corrientes de opinión políticamente relevantes. Esto corrió el riesgo de resquebrajarse con las indecisiones alrededor de la continuidad del proyecto Tía María; un gobierno con un manejo económico ortodoxo corrió el riesgo de perder el apoyo del mundo liberal y empresarial. La situación no llegó a mayores por la expectativa que despiertan el Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, así como la conformación de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que acaba de entregar su informe, pero está lejos estar resuelta. El problema se presenta nuevamente con las indecisiones alrededor de qué postura tomar frente a todos los asuntos vinculados al trato con la empresa Odebrecht; el Gobierno siguió un rumbo, a partir de la salida del procurador Ramírez, que lo ha alejado de sectores ligados a la lucha contra la corrupción. El Gobierno corre el riesgo de, intentando no perder popularidad, terminar perdiendo respaldo de sectores claves para su estabilidad, y también popularidad.
En cuanto a los partidos representados en el Congreso, me pregunto si son plenamente conscientes de la necesidad de completar y hacer correcciones al proceso de reforma política iniciado por el Congreso anterior. Si no hay cambios, todos los partidos inscritos antes de agosto del 2019 (es decir, todos salvo el Partido Morado) participarían en elecciones internas cerradas para seleccionar candidatos; luego deberían presentar las listas resultantes a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde no elegiríamos nada (el único que elegiría a sus candidatos en la primaria sería el Partido Morado), con lo que esas elecciones solo servirían para depurar a las listas que no pasen la muy baja valla de 1,5%. Luego se iría a la elección congresal con voto preferencial: ¿entonces para qué hicimos la elección interna y luego la primaria? No tiene sentido. Urge asumir desde ya una primaria abierta a la ciudadanía en la que se definan los candidatos, que permita eliminar el voto preferencial en la votación congresal.