[COLUMNA] «El crimen desde las ciencias sociales», por Martín Tanaka

Una de las principales preocupaciones de los peruanos y de los latinoamericanos en los últimos años es la creciente inseguridad ciudadana. ¿Qué tienen que decir las ciencias sociales al respecto? Afortunadamente, existe un amplio cuerpo de investigación útil para pensar en políticas públicas y respuestas a estos desafíos.

Esta literatura es producto del seguimiento de un problema que ya lleva muchos años y ha afectado muy profundamente a muchos países. Desde hace décadas América Latina tiene problemas de inseguridad: desde el siglo pasado aparecíamos como la región más violenta del mundo, expresada por ejemplo en la tasa de homicidios. Sin embargo, en el siglo pasado los problemas de inseguridad aparecían básicamente confinados a Colombia y a Centroamérica, asociados a la comercialización de la cocaína y a la aparición de pandillas como efecto no esperado de la desmovilización de organizaciones guerrilleras y de grupos paramilitares. Más adelante, en el contexto del ‘boom’ de crecimiento económico de la región entre el 2003 y el 2013, aparecieron problemas de inseguridad urbana, por el aumento de la delincuencia común y la expansión de nuevas actividades ilícitas que se volvieron también rentables. Esto llevó a que algunos estados respondieran con fuerza al desafío de la violencia, como primero Colombia y luego México, y que una consecuencia no intencional de esos esfuerzos haya sido la fragmentación de las organizaciones criminales.

Peor aún, en los últimos diez años estamos ante una nueva dinámica de la criminalidad. La alta demanda de drogas y sus altos precios han estimulado la oferta, que se ha fragmentado, diversificado en productos, rutas de comercialización, llegada a diversos mercados, también ha cambiado la articulación de las etapas del negocio y, además, las organizaciones criminales han diversificado su portafolio de actividades, incursionando en muchas otras actividades ilegales en los territorios en los que operan. Nuevos países aparecen como espacios críticos en los negocios, como Venezuela, Ecuador, Brasil o Paraguay. Las rutas de distribución y sus efectos en la criminalidad terminan involucrando a casi todos los países de la región, incluyendo estados supuestamente mejor preparados para lidiar con el problema, como Argentina, Uruguay o Chile.

La literatura existente resalta varios elementos de análisis críticos: las redes criminales como tales, sus formas de organización y las “tecnologías” que usan; la actitud de la población en los territorios en los que esas redes actúan (y el tipo de respuestas que se dan: convivencia, aprovechamiento, enfrentamiento, entre otros); la respuesta de la policía o de la autoridad local ante estos “desafiantes” a la autoridad estatal; y la respuesta desde el Estado central ante todo esto.

Una conclusión parcial es que, dependiendo del tipo de delito que se quiera combatir, se requieren diagnósticos precisos del tipo de problema al que se está enfrentando; para definir las mejores iniciativas a desarrollar se requieren respuestas diferenciadas dentro del pedido general de mejorar el trabajo de “inteligencia”. El desborde reciente de actividades criminales que afectan muy directamente a la población, como las extorsiones, sugiere la existencia de organizaciones criminales diversas, fragmentadas, muy avezadas, con algún grado de presencia y control territorial en provincias y distritos específicos, muy poco sensibles a la reacción de la opinión pública y a las iniciativas estatales implementadas hasta el momento.