Lee la columna «El presidente Jerí» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ► http://bit.ly/4nW7sel
La semana pasada comentábamos sobre la caída de Boluarte y la llegada de José Jerí a la presidencia. Su primer desafío fue armar el Consejo de Ministros. La designación de Ernesto Álvarez, miembro de la Coordinadora Republicana, muestra que el gobierno es expresión y continuidad en el poder de la mayoría congresal, como no podía ser de otra forma. Jerí y Álvarez entendieron que era clave contar con un ministro del Interior con credibilidad, y que los ministros debían mostrar un perfil técnico y no confrontacional, objetivo que lograron, por lo que no deberían tener contratiempos para lograr un voto de confianza por parte del Congreso.
Las primeras acciones de Jerí revelan que, pese a su relativa juventud, es un cuadro con cierta trayectoria y experiencia, y ambición política. En otras palabras, aspira a construir capital político desde su gestión. En esto es clave la comparación con su predecesora. Boluarte dejó la valla bastante baja; buena parte de su impopularidad residía en que transmitía no solo incapacidad, sobre todo desidia respecto de sus obligaciones y desdén frente las críticas que recibía. Jerí, por el contrario, ha entendido que debe proyectar la imagen de activismo, de ser consciente y estar encima de los problemas, de los de inseguridad ciudadana en particular, sobre la base de un discurso duro, una suerte de ‘bukelismo light’. Además, Jerí entiende que debe apoyarse no solo en el respaldo parlamentario, también en concitar el apoyo de gobernadores y alcaldes; de hecho, Somos Perú funcionó siempre como una red de políticos subnacionales, lo que explica su supervivencia y actividad a lo largo de los años.
El primer gran escollo que el nuevo gobierno debió sortear fueron las movilizaciones de protesta del 15 de octubre. Rápidamente, tanto Jerí como Álvarez debieron pasar de los discursos confrontacionales que solían usar antes de asumir sus actuales responsabilidades al reconocimiento del derecho a la protesta pacífica y llamados a la unidad y la concordia nacional. El cambio de discurso no tuvo tiempo para expresarse en directivas claras y políticas bien definidas, de modo que la respuesta policial osciló entre la dureza ante lo que se percibe la movilización de un enemigo motivado por intereses oscuros y el reconocimiento de la expresión de una genuina indignación, especialmente de colectivos de jóvenes, ante los problemas de inseguridad y la ineficacia de la respuesta gubernamental. La perplejidad, confusión y ambigüedad de los mensajes gubernamentales posteriores a la trágica muerte de Eduardo Ruiz son bastante elocuentes. En tanto la propia policía reconoció que la responsabilidad de su fallecimiento recae en la acción de uno de sus efectivos, el escenario se distancia de la reacción frente a las 50 muertes de las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023.
Pese al desprestigio del Congreso, del que el gobierno de Jerí es expresión, y de su debilidad intrínseca, juega a su favor que no se perciben alternativas viables mejores; que el tiempo hará que la agenda se desplace de sus problemas de legitimidad de origen a su legitimidad de desempeño; que nadie espera realmente soluciones de fondo, dadas las circunstancias en las que le tocó asumir el gobierno; que le basta con que proyecte que está haciendo “todo lo posible”; y que la agenda electoral ocupará crecientemente la atención de la opinión pública.
