Lee la columna de Matín Tanaka, investigador principal del IEP, escrita para El Comercio► https://bit.ly/3pJPaBQ
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TQE6VOCWPZEKLK73I5KV5CJ76I.jpeg)
(Foto: El Comercio)
El sábado pasado, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, sufrió una detención preliminar junto con varios consejeros y funcionarios del gobierno regional, acusados de integrar una organización criminal mediante la que obtenían beneficios a través de cobros a contratistas para adjudicar obras y se neutralizaba a opositores a través del pago de sobornos y de la adjudicación de diversas prebendas. Precisamente cuando vuelve a la agenda la necesidad de una reforma institucional y política profunda para los ámbitos regional y municipal, en el Congreso se debate lo contrario: congelar o posponer la implementación de reformas que ayuden a mejorar la representación política, la fiscalización y el control en esos ámbitos.
El proceso de reforma institucional iniciado en abril del 2019, sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Reforma Política, dejó de lado las propuestas referidas al ámbito regional y municipal. En su momento, esto resultó razonable, porque lo urgente eran las reformas que regirían el proceso electoral del 2021, pero su debate nunca llegó a darse por la disolución del Congreso en setiembre del 2019, y el Congreso elegido en enero del 2020 no retomó esos proyectos.
El Congreso actual tampoco, y el debate se centra en la suspensión de las elecciones primarias y otros asuntos aislados. En la Comisión para la Reforma Política propusimos un proyecto enfocado en fortalecer las capacidades de fiscalización y control de los consejos regionales y de los concejos municipales, ampliar las causales para la declaratoria de vacancia y suspensión en el cargo de gobernadores, vicegobernadores y consejeros; otro para cambiar la composición de los consejos regionales, buscando fortalecer las listas en competencia y evitar lógicas individualistas, más proclives a la cooptación. En lo que sí se avanzó fue en establecer nuevos requisitos para la inscripción de organizaciones políticas regionales, así como en las causales para la pérdida de la inscripción, con la lógica de facilitar el acceso, pero ser más exigentes para mantenerse en el sistema. La idea es depurar el mismo de los ‘movimientos cascarón’ y quedarnos con los más legítimos y representativos.
En el Congreso, sin embargo, se ha debatido en dos ocasiones la suspensión de las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del 2022. En general, el debate parlamentario sugiere que los partidos más organizados y con más vida interna tienden a estar de acuerdo con las elecciones primarias, mientras que los partidos más débiles, los parlamentarios con vínculos con grupos regionales precarios y los partidos más jerárquicos simpatizan con la suspensión. Recientemente, los organismos electorales han declarado que no habría tiempo y, además, han señalado que existirían vacíos legales para organizar adecuadamente el proceso. Sorprende que estas observaciones se hagan recién, cuando sabemos desde agosto del 2019 que habría un proceso de elecciones primarias el próximo año.
En todo caso, sería muy importante que entre el Congreso y los organismos electorales se realice el esfuerzo para sacar adelante las elecciones primarias, cubriendo los vacíos o ambigüedades con un sentido práctico a la brevedad. De no ser posible, lo mínimo que deberíamos pedir es que los partidos y movimientos regionales elijan a sus candidatos mediante elecciones internas con el voto de toda su militancia, con algún mínimo de participación para declararlas válidas, a fin de sacar de competencia a organizaciones que son solo cascarones y que alojan a los oportunistas y aventureros de la política que pretenden llegar al poder para hacer negocios y obtener beneficios.
El escándalo del Gobierno Regional de Arequipa pone sobre la mesa la necesidad de proponer reformas para mejorar la representación política regional y municipal, y fortalecer los mecanismos de fiscalización y control. Tal vez no haya tiempo para normar las elecciones del próximo año, pero las reformas deberían empezar a debatirse ahora. Este Gobierno, que pretende representar a las regiones más postergadas, y este Congreso, en el que las bancadas más grandes tienen una mayoría de representantes de diferentes regiones, deberían liderar iniciativas reformistas.