La confianza en el presidente, la percepción de su preocupación por los más pobres y de su capacidad para gobernar han caído dramáticamente en todos los sectores poblacionales en los últimos meses. Dado este escenario sorprende hasta cierto punto que la aprobación no haya disminuido y que el pedido de renuncia del presidente no sea ampliamente mayoritario. Pese a la tregua entre el Ejecutivo y el Congreso, la sensación de crisis política permanece y 63% sostiene que esta le afecta mucho. Sin embargo, esta afectación no trasciende al plano de la protesta, la cual parece limitarse a ciertos grupos más informados.
Las explicaciones de nuestro equilibrio precario pasan probablemente por una ciudadanía poco comprometida con la democracia, con las reformas y con la institucionalidad. Un sistema de partidos débil va de la mano con una sociedad civil similar. ¿Cómo incorporar en una defensa de la institucionalidad a amplios grupos ciudadanos que viven bajo la informalidad?
Buena parte de la población cree que lo peor del gobierno es el nombramiento de ministros cuestionables, el manejo de economía y las acusaciones de corrupción. Si se demuestra que el presidente está directamente involucrado en corrupción ¿bastará para que la ciudadanía quiera sacarlo? La incertidumbre del posible reemplazo es crucial y ciertamente no está en el lado de un poder peor evaluado, como el Legislativo.