Aunque las extorsiones y el incremento de homicidios eran noticia diaria, no se percibía que el Ejecutivo estuviera tomando medidas efectivas contra la delincuencia, mientras que el Congreso aprobaba leyes que debilitaban la labor de la Fiscalía. En ese contexto, el asesinato de un popular cantante de cumbia centró la atención del Ejecutivo y del Congreso. El gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y Callao y reunió al CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana). Esa misma semana el Congreso terminó censurando al ministro del Interior.
Estas pequeñas muestras de cambio desde ambos poderes del Estado no han impactado en la opinión pública. La percepción de la inseguridad como el principal problema del país ha crecido en 28 puntos porcentuales con respecto a julio de 2024. El 84% de limeños y chalacos cree que el estado de emergencia ayuda poco (21%) o nada (63%) a disminuir la delincuencia. El 89% de los peruanos cree que el gobierno no tiene un plan efectivo para luchar contra la delincuencia y solo el 2% cree que la presidenta y su equipo de gobierno manejan bien o muy bien este problema.
Cada problema tiene o debería tener una solución, pero la ciudadanía no ve ninguna. Por eso la marcha contra la inseguridad del 21 de marzo generó tan alta participación. Pese a los acuerdos tomados en el CONASEC, las declaraciones de las más altas autoridades no dan muestra de una estrategia de solución real, sino de mucha demagogia. Pero la demagogia no oculta la realidad: solo un 4% aprueba a la Presidenta y apenas un 2% al Congreso.