[COLUMNA] «Expresidentes en prisión», por Martín Tanaka

Como señalaba Augusto Townsend en este Diario hace unos días, llama mucho la atención el hecho de que los expresidentes Castillo, Humala y Toledo se encuentren en prisión, que también lo haya estado antes Alberto Fujimori, que García se haya suicidado antes que enfrentar una prisión preventiva, y que Kuczynski y Vizcarra tengan restricciones a su libertad. En el mundo existe la percepción de que la gran mayoría de los presidentes son corruptos, pero que campea la impunidad. El Perú sería entonces un caso ejemplar porque habríamos roto esas barreras y la justicia se estaría abriendo paso.

Si bien resulta ingenuo pensar que nuestro país es ejemplar en la lucha contra la corrupción, estamos ante una situación particular que requiere ser explicada. En términos generales, en muchos países, los expresidentes cuentan con ciertas estructuras que los protegen: principalmente, sus partidos políticos. Estos suelen ejercer su defensa en los congresos, y suelen participar o influenciar en el nombramiento de jueces y fiscales, y presionar sobre sus decisiones. Si bien existe autonomía del sistema judicial, también existen múltiples mecanismos institucionales que protegen a los presidentes. Los sistemas políticos parecen dispuestos a pagar cierto riesgo de impunidad para asegurar niveles mínimos de gobernabilidad y estabilidad política. De otro lado, idealmente, también existen mecanismos de control y fiscalización que desincentivarían conductas corruptas.

Nuestro país enfrenta una situación bastante distinta. Los partidos de los expresidentes, lejos de capitalizar el paso por la gestión estatal, tienden a fragmentarse y dividirse internamente, y al mismo tiempo tienden a ser castigados por los electores. La volatilidad de los partidos hace que su influencia sobre el sistema judicial sea cosa del pasado. En los últimos años, dentro del sistema de justicia pesan más diferencias alrededor del tipo de formación recibida y de la manera de entender el ejercicio del derecho y de los valores fundamentales a priorizar: así, existen lógicas más formalistas, tradicionalistas, conservadoras, y también otras que privilegian interpretaciones más integrales, lógicas de innovación y valores más liberales. Al mismo tiempo, después de diversos escándalos de corrupción dentro del sistema de justicia, y por el paso de los años, se ha dado una importante renovación generacional, por lo que es difícil tener un mapeo claro de tendencias. La influencia de partidos o grupos políticos ha sido reemplazada por la de universidades, las ONG y gremios vinculados al ejercicio del derecho.

Todo esto ha abierto espacio para que se desarrollen núcleos de fiscales y jueces con un perfil más activista que garantista, por así decirlo, que ayudan a entender la situación de los expresidentes peruanos. Todo esto dentro de un sistema signado todavía por su precariedad y grandes diferencias en niveles de formación e idoneidad. Además, en el contexto de polarización política más reciente, y de la inevitable politización de las decisiones judiciales dado el alto perfil de los acusados, las acusaciones fiscales y los fallos judiciales resultan altamente controversiales tanto en términos jurídicos como políticos, y terminan siendo atravesados por las presiones de las facciones e intereses existentes. En los próximos meses y años veremos en qué terminan los diferentes procesos actualmente en curso; muy probablemente el resultado será mixto, donde la fiscalía no logrará todas las condenas que busca, ni con la contundencia a la que aspira, pero seguramente tendremos también altas autoridades en prisión de diversos signos políticos.