Lee la columna «Genocidio en Gaza» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ► http://bit.ly/46AOXVg
La semana pasada, se dio a conocer el reporte de la Comisión Internacional Independiente de Investigación en el Territorio Ocupado Palestino, encargada de dar cuenta de los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2023, es decir, de la respuesta israelí a los ataques de Hamas y otros grupos ocurridos en esa fecha. Esta comisión fue formada en mayo del 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el encargo de investigar denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El informe concluye que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, y tiene como antecedentes un conjunto de informes previos que apuntaban en la misma dirección, tanto de la propia comisión como de la relatora sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
No se puede obviar que el ataque israelí en curso es una respuesta al de Hamas de octubre del 2023, en el que murieron aproximadamente 1.200 israelíes y se secuestró a 240 personas, donde se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, también documentados por Naciones Unidas. En el reporte de febrero del 2024 sobre violencia sexual en el conflicto, se concluyó que en estos ataques las personas fueron baleadas a corta distancia, quemadas vivas en sus hogares y víctimas de violencia sexual. Aún quedan unos 47 secuestrados, de los que se presume que unos veinte están vivos, sometidos a tratos inhumanos. Muchos han señalado que Israel tenía el derecho de responder militarmente ante esta agresión, en defensa propia y buscando la liberación de los rehenes, pero resulta claro que en esta respuesta de Israel ha excedido toda proporcionalidad y racionalidad. Más de 60.000 palestinos muertos no se pueden explicar por la búsqueda de destruir a Hamas y sus capacidades militares, sino por el objetivo de infligir daño al propio pueblo palestino.
La organización israelí de derechos humanos B’Tselem suscribe el diagnóstico de genocidio y lo asocia al establecimiento en el poder, desde diciembre del 2022, del gobierno más de extrema derecha de su historia, liderado por personajes que en repetidas ocasiones y desde el poder han defendido posturas que justifican prácticas genocidas.
Estas consideraciones son relevantes para entender las respuestas ante los hechos denunciados. Por un lado, según algunas encuestas, se señala que la mayoría de israelíes apoya en la actualidad la búsqueda de algún acuerdo con Hamas para lograr la liberación de todos los rehenes, y que se ha perdido la confianza en el primer ministro Netanyahu; sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría considera que el sufrimiento de la población civil en Gaza no debería ser considerado un factor relevante en las decisiones del gobierno respecto a la conducción de la guerra. Asimismo, encuestas realizadas en Gaza muestran que Hamas, a pesar de tener un respaldo declinante, continúa siendo un actor político representativo. Y es que la gran mayoría considera que la guerra no terminaría aun si Hamas liberara a los rehenes o si se diera su desmovilización. Lamentablemente, no se perciben mejores opciones.
Esperemos que los múltiples llamados de atención sobre el genocidio en marcha ayuden a iniciar un camino distinto: cese inmediato de hostilidades, restablecimiento pleno de la ayuda humanitaria y una negociación que permita la coexistencia entre el Estado de Israel y el de Palestina.