Lee la columna escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el diario El Comercio ► https://bit.ly/3rTR7im
La semana pasada, en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), un grupo de politólogos y constitucionalistas del Perú, Chile y Argentina nos reunimos para discutir sobre el proceso constituyente chileno y los debates sobre reformas constitucionales en nuestro país. Impresiona constatar los vuelcos que han tenido las discusiones sobre estos asuntos.
En julio del año pasado se llevó a cabo en Chile la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional que elaboró el proyecto de una nueva Constitución, fruto del plebiscito de octubre del 2020, en el que más del 78% de votantes votó a favor de la redacción de una nueva Constitución. En julio del 2021, Pedro Castillo asumió la Presidencia de la República, jurando “por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución”, y anunció que presentaría un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente. En una encuesta de mayo del 2022 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 47% de los entrevistados declaraba estar de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente, un porcentaje que subió hasta un 69% en enero de este año, después de las protestas de finales del año pasado e inicios del 2023.
En nuestro país, el entonces presidente Castillo presentó una propuesta para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente en abril del 2022, que fue rechazada por la Comisión de Constitución. El desgaste del presidente Castillo fue minando la legitimidad de esta propuesta, aunque es cierto que pareció un camino razonable de salida a la crisis política posterior al fallido golpe de Estado de Castillo y las protestas que ocurrieron en las semanas siguientes. Sin embargo, la consolidación en el poder de Dina Boluarte nuevamente le ha quitado fuerza a esta propuesta. Además, a lo largo de este año, hemos visto que la bandera de hacer cambios de fondo a la Constitución de 1993 ya dejó de ser patrimonio de la izquierda: más bien, ha sido la derecha más extrema la que ha presentado iniciativas que afectan la naturaleza del régimen político, como la Ley 31355, de octubre del 2021, que “desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza” y que en la práctica limita sustancialmente su ejercicio y atenta contra la lógica de equilibrio de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo. Además, se han aprobado leyes que limitan el ejercicio de derechos, como la Ley 31498, de junio del 2022, que “impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, que limita la implementación del enfoque de género en la educación y configura cierta capacidad de veto de organizaciones conservadoras. Aún más, existen propuestas de ley que proponen el retiro de la adhesión del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos, que posibiliten políticas de “mano dura” en el manejo de los problemas de inseguridad ciudadana y de control de protestas sociales.
Moraleja: en contextos políticos altamente volátiles, de serios problemas de representación, de actores políticos y sociales deslegitimados, el debate constitucional puede terminar siendo una caja de Pandora.