[COLUMNA] «Informalidad e ilegalidad», por Martín Tanaka

Comentaba la semana pasada sobre cómo en el último tiempo priman visiones “pesimistas”, por así decirlo, del mundo informal, después de haber tenido visiones “optimistas” del mismo en décadas anteriores. Uno de los problemas de las miradas pesimistas es que identifican la informalidad con conservadurismo, resistencias al cambio, y con la ilegalidad. Sostengo que en realidad el mundo informal es un mundo signado por la precariedad y la escasez de oportunidades, por lo que el pragmatismo tiende a imponerse por encima de consideraciones ideológicas o principistas. De allí que, según el contexto, primen patrones más colectivos o individualistas, o conductas más afines al bienestar público y sustentables a largo plazo, u otras más cortoplacistas y que solo benefician a segmentos determinados .

En los últimos años, el crecimiento de la economía formal logró cierto impacto sobre el empleo informal, registrándose una ligera tendencia decreciente, pero que terminó antes de la pandemia, empeoró con esta, y no hemos logrado recuperar los niveles previos. Más del 70% del empleo en el país es informal. Además, hasta hace algunos años se inició la implementación de algunas reformas que buscaron reducir los niveles de informalidad en la educación básica y superior, o en el transporte público, por mencionar un par de ejemplos. La intención y orientación de esas reformas eran positivas, pero no lograron superar un serio problema político: ofrecer una alternativa viable a los afectados en el corto plazo por las mismas. Los arreglos informales suelen ser malas soluciones a los problemas, pero son una solución. En la educación, la oferta educativa basada en prácticas informales, tanto en el ámbito público como privado, permite el acceso a cierta formación y acreditación, con muy bajo costo y a una distancia razonable. Por supuesto, se trata de una formación de muy mala calidad, y ciertamente era urgente fiscalizar y regular esa actividad. Sin embargo, la demanda de acceso a la educación, a costos bajos y accesible, sigue existiendo. En el transporte, la informalidad logra cubrir la necesidad de movilizarse por toda la ciudad a precios muy bajos; por supuesto, generando mucho desorden, con una altísima inseguridad y siniestralidad, contaminación, y varias otras complicaciones. Poner orden era imprescindible, pero las opciones de formalización nunca llegaron a poder competir con las alternativas informales.

En los últimos años, vemos con alarma que se han expandido diversas economías ilegales. Diferentes estudios reportan que la minería ilegal es la mayor fuente de ingresos ilícitos en el país, por encima del narcotráfico. Según el Instituto Peruano de Economía, el 44% del oro ilegal de Sudamérica tiene su origen en nuestro país, y existe información que registra la presencia de mafias internacionales asociadas con estas actividades. Nuevamente, es imperativo intervenir para poner orden y evitar que esta actividad prospere de manera incontrolada, no solo por sus efectos ambientales, también por la cadena de delitos con los que está asociada, como el narcotráfico, la explotación sexual o las extorsiones. Pero es muy importante poder ofrecer alternativas mínimamente realistas y viables a los trabajadores asociados con estas actividades. O lograr un mayor control estatal sobre otros eslabones de la cadena de producción y comercialización, que afecten los actuales niveles de rentabilidad. No queremos que trabajadores que encuentran posibilidades de empleo e ingresos en estas actividades terminen siendo representados o alineados con actores ilegales.