La preocupación por la inseguridad no es reciente. La salida más sencilla y recurrente es la demagogia de una mayor penalidad u operativos mediáticos con despliegue de recursos. Cuando se endurecen las medidas, el aumento de penas no viene acompañado de una mayor capacidad procesal y penitenciaria y por tanto, aunque la policía capture algunos delincuentes, tiene que liberarlos por falta de pruebas y así se genera el círculo vicioso del populismo punitivo (Zárate, Aragón, Morel, 2012)[1].
Medidas punitivas son populares y pese a que no pasa de la mitad quienes conocen quién es Bukele ni su política en la lucha contra el crimen, hay un mayoritario 60% que estaría dispuesto a que se reduzca el crimen aun a costa de que no se respeten los derechos de las personas, aunque solo 32% estaría dispuesto a apoyar a un líder que negocie con líderes de bandas criminales para reducir la inseguridad.
El problema de la falta de respuesta del Estado a uno de sus deberes principales que es el control del territorio y la protección de los ciudadanos se agudiza por la ineficiencia y corrupción que dañan no solo a las instituciones que están a cargo de la seguridad sino al resto del aparato estatal. No es solo la policía, la fiscalía y el poder judicial, son las autoridades que nos están fallando a los ciudadanos.
Medidas que no contemplen el problema en su conjunto, sin planificación y pensando en el rédito político, no resolverán el problema y propiciarán que no se respete el Estado de derecho.
[1] Puede revisar el texto completo en: https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/938