Lee la columna escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, en el diario El Comercio ► https://bit.ly/3uymxwc
¿Qué tienen de interés las 23 páginas en las que Jaime Villanueva responde como testigo del caso en el que se investiga a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides? Yendo quizás a contracorriente, este columnista considera que cuesta mucho separar la paja del trigo. En las declaraciones de Villanueva hay muchas anécdotas y dichos de terceros que cubren un espectro muy amplio de personajes y supuestos hechos, pero difícilmente corroborables.
En general, en casos como este, suele ocurrir que ni el colaborador es tan eficaz, ni el destape periodístico tan relevante, ni los políticos, fiscales y periodistas quedan tan “expuestos” como parecería por el altisonante “ruido político”. Pero está en el interés de todos estos actores hacerlo pasar por algo de gran relevancia, resaltando pasajes selectivamente, buscando legitimar sus posiciones y descalificar a sus adversarios. Lo interesante es que estas declaraciones le ponen color y rostros específicos a lo que en el fondo ya todos sabemos: que existe una permanente coordinación e intercambios entre el Ministerio Público y el poder político, y entre estos y los medios de comunicación, donde se intercambia el manejo de investigaciones y acusaciones, algunos nombramientos y designaciones, apoyo político y primicias periodísticas. Que existen bandos y facciones en estos sectores. Que sus alineamientos son altamente inestables y cambiantes. Que en estos intercambios hay mucho blufeo e ingenuidad: se esperan y se prometen cosas que no se pueden cumplir, o se atribuye a una intervención decisiva sucesos que igual iban a ocurrir, por lo que los supuestos acuerdos son siempre frágiles y poco confiables. Que la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación puede terminar inclinando la balanza a favor de un cierto activismo judicial, que no necesariamente contiene la fuerza probatoria para asegurar condenas. Todo esto permite entender cómo es posible tener un sistema de justicia tan caótico, donde pueden coexistir la corrupción, la impunidad, el activismo, investigaciones donde se cometen excesos en contra de los imputados y algunas condenas emblemáticas.
Lo que estructura el relato de Villanueva es la descripción de los intereses y de la actuación de la fiscal Patricia Benavides. Su lógica es bloquear investigaciones en contra de su hermana; lograr la inhabilitación de Zoraida Ávalos para llegar a la conducción del Ministerio Público; desestimar denuncias constitucionales en su contra en el Congreso y frustrar las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia, por lo que buscaría la destitución de sus miembros. Para esto, necesita tejer lealtades en la fiscalía sobre la base de nombramientos en cargos clave, tener información y apoyo en la Junta Nacional de Justicia, a través de algunos intermediarios, y apoyo en el Congreso a cambio del archivamiento de investigaciones, la remoción de fiscales o el nombramiento de allegados.
El problema es que, cuando existe convergencia de intereses, es muy difícil demostrar un intercambio indebido; más todavía, cuando el supuesto resultado de las transacciones no llega a consumarse. Lo que sí es posible demostrar, de ser el caso, es la apertura o el cierre arbitrario de investigaciones, nombramientos no meritocráticos o destituciones arbitrarias, y es eso lo que debe ser materia de investigación.
Los intereses de Benavides ayudarían a entender sus cambiantes alineamientos en la fiscalía: antes de su llegada a la Fiscalía de la Nación, aparece cercana a Pablo Sánchez, Pedro Chávarry y Rafael Vela, y al periodista Gustavo Gorriti. Se ha comentado mucho sobre la cercanía de este con algunos fiscales, pero es justo mencionar que en el documento también se habla de cómo otros rechazan su supuesta injerencia y también se menciona cómo desde diferentes sectores del Ministerio Público se filtra información y se realizan coordinaciones con diferentes periodistas; no solo es mencionado Gorriti, sino también Carlos Paredes, Mónica Vecco y Graciela Villasís. No es ninguna novedad que los periodistas tengan fuentes e intercambios en el Ministerio Público.