Lee la columna de nuestra investigadora, Macarena Moscoso, escrita para el diario El Comercio ► https://bit.ly/3Pw25li
En el 2021, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó el libro “El Profe”, que reúne ensayos donde se discute la coyuntura de la elección de Pedro Castillo como presidente. Natalia González y yo, en nuestro ensayo Al maestro, con cariño (y cautela), dimos cuenta de cómo los docentes apoyaron la candidatura de Castillo. Los docentes identifican en él a un colega, maestro rural, de una región del país y que había tenido un papel público en la huelga magisterial del 2017. Como bien decíamos en el artículo, la candidatura del profesor generó entusiasmo entre sus colegas. La educación en nuestro país sigue siendo, en el imaginario colectivo, el camino para el progreso y la mejora del estatus en la sociedad. Por ende, los docentes son portadores de conocimientos formales altamente valorados, lo que constituye un capital social indispensable, por lo que ocupan un lugar de respeto y reconocimiento.
Entonces, el hecho de que un maestro rural haya jurado como presidente del Perú en el año del Bicentenario, era una imagen potente de inclusión para los sectores más excluidos. Sin embargo, el entusiasmo y el cariño al docente rural culminan cuando la improvisación y falta de concertación se apoderaron de la dirección del país.
Han pasado 10 meses desde que Castillo asumió la presidencia. En esta columna voy a retomar el tema de la cautela que abordamos en el artículo anterior. En el momento de la elección, generaba preocupación la agenda educativa que tenía el candidato, que retrocedía en políticas que favorecen a las poblaciones más vulnerables y que ahora están en peligro: La reforma universitaria, la carrera pública magisterial y el avance de la política de la igualdad de género, que tiene un impacto directo en la política de materiales educativos y en la ESI. Este tiempo de gobierno ha estado marcado por la crisis generalizada del país. Desde frecuentes cambios ministeriales, huelgas nacionales, dólares en el baño de Palacio hasta plagios en las tesis de los altos funcionarios del gobierno.
En este contexto, se ha dado el regreso a clases presenciales después de dos años. La evidencia que vengo recogiendo indica que ha sido un proceso solitario, en manos de directores y docentes, quienes han maximizado sus recursos materiales y humanos. No se ha visto el protagonismo del presidente ni del Minedu para garantizar un regreso que permita las mejores condiciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En enero de este año, el presidente fue entrevistado por César Hildebrandt quien le preguntó: “¿Cuál es el mayor logro de su gobierno?”. Entre otras cosas, respondió que iba a garantizar la recuperación de la infraestructura escolar antes del inicio de clases.
Así como el retorno a clases, la carrera pública magisterial también se ha visto afectada. A finales del 2021, la prueba única nacional tuvo que ser anulada por la filtración de las preguntas y pospuesta hasta febrero de este año. Para someterse a la evaluación, los docentes se preparan meses e invierten recursos propios para lograrlo. La anulación trajo desconcierto a todos aquellos que ya estaban preparados para la prueba. El desgobierno en el sector retrasó la asignación de plazas docentes hasta este año.
Finalmente, la educación superior también es atravesada por la crisis. Con la aprobación en el Congreso del texto sustitutorio de la Ley Universitaria, la Sunedu se debilita por la pérdida de autonomía de la institución. Cuando, por el contrario, esta debería ser fortalecida para seguir mejorando los mecanismos de acreditación de las universidades. Por ello, resulta urgente que el presidente observe la norma a la brevedad.
La grave crisis en el sistema educativo no es solamente un asunto originado por la pandemia sino por la poca preocupación y acción del presidente, lo cual contrasta a lo que responde a la pregunta “¿Cómo le gustaría ser recordado?” en la misma entrevista que ya mencioné. Él responde: “Como alguien que se preocupó por la educación”.
La noticia sobre el plagio en la tesis de maestría del presidente pone en juego un activo fundamental de la figura del maestro presidente que pone en cuestión su legitimidad y su autoridad: sus capacidades para la práctica profesional y sus cualidades éticas. Lo más grave es que atenta contra todo el gremio porque la revalorización de la carrera docente, tan necesaria en este contexto, ha permitido mejorar la percepción que se tiene sobre los profesionales de la educación. La presidencia era una revalorización social de los docentes en general, de la comunidad en su conjunto, y ahora, se pone en cuestión.
La deslegitimación producto del plagio se agrava con la práctica que vemos del gobernante, contraria al rol que cumplen los docentes rurales de los lugares más alejados del país. Ellos son como figuras preponderantes en sus comunidades, sirven de puente entre la burocracia estatal y las comunidades donde trabajan y son parte del grupo de autoridades que participan en la toma de decisiones. Estas cualidades son más bien las principales debilidades del profesor Castillo en la presidencia. Durante la huelga magisterial del 2017 ya las había mostrado: su radicalismo sindicalista y su poca capacidad para negociar y consensuar con otros actores políticos y con el Estado. En situaciones de crisis nunca ha salido el docente líder, sino una versión más tradicional del docente castigador donde declarar un toque de queda sin ningún fundamento es una posibilidad. Como si nos hubiera dicho “Nadie sale al recreo, todos se quedan en sus casas”.