Lee la columna de nuestro investigador principal, Ricardo Cuenca , escrita para el diario La República ► https://bit.ly/3L2ofIn
La contrarreforma universitaria emprendida por el Congreso de la República es una clara expresión de nuestra cotidiana precariedad política. Contiene los elementos esenciales para serlo: una perspectiva inestable y cortoplacista del problema, escasos argumentos técnicos detrás de la decisión, ausencia de acuerdos originados en negociaciones políticas y, sobre todo, una renuncia explícita a la atención de problemas públicos para privilegiar intereses particulares. No es ningún encuentro ideológico o un debate programático de opuestos. Es, simplemente, una aproximación mercantilista a la educación universitaria disfrazada de una defensa de la autonomía.
Con la contrarreforma universitaria, el Estado no podrá garantizarles ni a las familias, ni a la juventud mínimos de calidad porque la Sunedu, responsable de verificar esa mínima calidad, perderá autonomía y entrará en conflicto de intereses.
También se interrumpirá la consolidación de un sistema de aseguramiento de calidad porque la contrarreforma busca regresar a esquemas de acreditación previos a la reforma y no hacer lo que se requiere ahora: tener condiciones básicas de calidad con el licenciamiento y buscar niveles de excelencia con la acreditación. Más grave aún es que con esta contrarreforma el Ministerio de Educación no podrá ni acompañar ni financiar los procesos de mejora de las universidades públicas del país.
Al retirar la rectoría del Minedu, el tema universitario dejará de ser una política pública para regresar nuevamente a ser un asunto de intereses institucionales. Esto impide la construcción de un sistema universitario al servicio del país que contribuya con la mejora de la gobernabilidad de la educación superior, la sostenibilidad del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.
La discusión sobre la reforma universitaria peruana se inició en el año 2001 con la conformación de la comisión nacional por la segunda reforma universitaria, responsable de elaborar un diagnóstico y proponer una nueva ley, continua en el 2008 cuando el Consejo Nacional de Educación discute la necesidad de crear un ente rector de la educación superior y se concreta, finalmente, en el 2014 con la aprobación de la actual ley universitaria.
Ha sido un proceso largo que ha permitido construir una reforma que cumple con los dos requisitos principales que se requieren para perdurar en el tiempo: respaldo técnico y legitimidad social. Estas dos características han sido fundamentales para vencer los asedios permanentes a la reforma y aunque esta vez el ataque ha ido más lejos, debido en parte al silencio inicial del Ejecutivo, correrá la misma suerte que los asedios anteriores.
La ciudadanía cree en la reforma y por eso la defiende. Sabe también que debemos seguir mejorándola sobre la base de lo avanzado.
La defensa de la reforma universitaria es también un llamado de atención para impedir que la precariedad política continúe conduciendo al país por caminos equivocados. El momento es ahora.