Hace poco, el presidente Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas privadas. El efecto en medios de prensa y en el sector privado fue inmediato, aunque luego se llegara a un acuerdo con las clínicas. Este efecto, sin embargo, no se trasladó a la encuesta de junio, el trabajo campo terminó un día antes y la aprobación presidencial continuó su descenso (66%).
Es probable que pese a que, relativamente, pocas personas se atienden en clínicas privadas (los pobres nunca llegan a este nivel de atención) el anuncio del presidente, enfrentando al sector privado, hubiera sido efectivo y se hubiera reflejado en sus niveles de aprobación. Para la gran mayoría de los encuestados, las empresas privadas han buscado beneficiarse económicamente en la pandemia (79%), muy pocos creen que han sido solidarias (16%). La empresa privada tiene como objetivo válido generar ganancias, pero lo que la población puede tener en mente es que está primando un interés eminentemente lucrativo a partir de una desgracia que nos afecta a todos.
Por otro lado, cuando se habla de la percepción de corrupción del sector privado, 46% cree que está muy generalizada y 27% algo generalizada. Si bien son cifras menores a las que se tiene sobre el sector público (60% y 17%, respectivamente), son cifras bastante altas. Más, si la ciudadanía cree que la corrupción ahora en emergencia es mayor (47%) o igual (34%) que antes del covid-19.
Una relación sana entre Estado y empresa privada debe apuntar a ser constructiva y a generar desarrollo. Y en esa relación con quien no se debe transar de uno u otro lado es con la corrupción.