Lee la columna escrita por Roxana Barrantas, investigadora principal del IEP, para Jugo ► https://bit.ly/3S4RKRc
Spoiler alert: no sería El Niño, ni las marchas
Como no se puede tapar el sol con un dedo, parece obvio que el 2023 será un año de decrecimiento económico: el Perú tendría que crecer a tasas espectaculares durante este último trimestre para que la métrica nos muestre, finalmente, un crecimiento de cero para el año.
Frente a esta realidad, participamos de interminables discusiones sobre a quién atribuir la gran responsabilidad de esta caída: si a las protestas, si al fenómeno de El Niño, si al Congreso, o si le faltó espinaca al Punche Perú del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, se está haciendo poco énfasis en lo que resulta obvio desde una perspectiva más global: la gran debilidad institucional del Perú actual.
Varios estarán pensando que nuestras instituciones son débiles desde hace tiempo y que ello no fue un obstáculo para el ritmo de crecimiento del país en el pasado. Recordemos, no obstante, que debido a que nuestras instituciones son débiles hemos introducido, por ejemplo, cláusulas de arbitraje para la resolución de conflictos de inversiones debido a la poca confianza en el Poder Judicial. Adicionalmente, como país hemos suscrito convenios internacionales que ofrecen garantías de una resolución de conflictos en el marco del CIADI, sacándolos de plano de la jurisdicción nacional. Estos mecanismos han fortalecido instituciones económicas.
Pero, ¿qué es lo novedoso de la debilidad institucional del 2023? En mi opinión, se rompió el equilibrio de poderes. Este equilibrio es sumamente importante para garantizar que la inversión privada no sea expropiada una vez que se plasma en el país. Con equilibrio de poderes, ninguno de ellos puede actuar de manera autoritaria, sin motivos, ya que tiene un contrapeso en otro poder del Estado que le puede colocar una señal de “pare” y evitar así la arbitrariedad.
Hoy tenemos un Poder Legislativo que ha avasallado al Poder Ejecutivo y que, además, ha maniobrado para controlar tanto a la Defensoría del Pueblo como al Tribunal Constitucional: la “fuerza de los votos” es un ferrocarril desatado.
Quizás alguno de nuestros seguidores se esté preguntando qué tiene que ver este asunto tan legal, tan de superestructura, con la inversión privada.
En un artículo reciente, el economista Joseph Shapiro establece que los países con instituciones más sólidas son aquellos que tienen un mejor desempeño ambiental. Cuando habla de instituciones sólidas, Shapiro se restringe a la protección de los contratos y de los derechos de propiedad; y cuando se refiere al desempeño ambiental, el autor mide la cantidad de contaminación de agua y aire por dólar producido. Shapiro encuentra que las industrias más limpias, es decir, aquellas que ensucian menos el aire y el agua por dólar producido, son aquellas que dependen de insumos específicos que no se transan en mercados abiertos. Así, la disponibilidad de estos insumos depende de contratos bilaterales. Si una empresa se ubica en un país que muestra debilidad en la protección de estos contratos, toda su cadena de valor sufre porque no tendrá el acceso que necesita para tener esos insumos. En consecuencia, preferirá ubicarse en países donde la seguridad jurídica sea notable. Con el mismo razonamiento, se comprenderá que, en la medida que las industrias más limpias tienden a financiarse con préstamos del sistema financiero, preferirán países con instituciones económicas sólidas y sin restricciones de entrada y salida de capitales.
Tal vez alguien pueda objetar que, en un país como el Perú, en general, básicamente se extraen minerales para la exportación y que toda esta discusión de instituciones sólidas es irrelevante. Discrepo, por cierto. Volteemos el vaso y observemos cuáles son las actividades económicas que han ganado protagonismo aquí en los últimos años y vamos a encontrar que se trata, precisamente, de aquellas asociadas a la explotación ilegal de recursos naturales y a la afectación a los ecosistemas, como la tala, el narcotráfico y la minería ilegal. Los capitales que las financian son enormes, pero suelen estar lejos del sistema bancario y financiero. Y más lejos se encuentran todavía de mecanismos formales de resolución de controversias y prefieren resolverlas a “sicario limpio”, con lamentables pérdidas de defensores comunitarios en los territorios donde predominan las economías ilegales. Por supuesto, no emiten boleta o factura, ni sus líderes contribuyen con impuestos a la renta, afectando también la disponibilidad de recursos para que el Estado provea bienes públicos.
Dicho esto, ¿se puede decir que El Niño y las protestas sociales son los únicos responsables en la reducción del crecimiento económico? ¿No estamos, acaso, evadiendo la sombra que nos hace un paraguas mayor?