Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes ► https://bit.ly/35YOD1P
Las dominicanas hermanas Mirabal fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en su país natal, en 1960. En su honor, conmemoramos sus muertes cada 25 de noviembre para llamar la atención sobre la necesidad de construir una sociedad que elimine la violencia contra la mujer. En el país, la política pública más conocida para proteger a las mujeres es la implementación de los centros de emergencia mujer (CEM) a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Como su nombre lo indica, estos centros constituyen espacios de atención de urgencia de personas que sufren violencia familiar y sexual, y brindan servicios de orientación legal, social y psicológica. El MIMP también brinda el servicio de la Línea 100, que atiende 24 horas para ofrecer apoyo.
CEM y Línea 100 son parte de una oferta de servicio público útil, pero insuficiente. Tomando la analogía del “consumidor diligente”, protegido por legislación ad hoc en tanto haya actuado de manera prolija, pensemos en el camino, o vía crucis, de una mujer con hijos que vive con una pareja abusadora para recuperar su calidad de vida.
Primero: darse cuenta. En todos los testimonios conocidos, esto no ocurre de un día para otro. ¿Cuál es el ámbito de servicio público que tendría que contribuir a una alerta temprana? ¿El Ministerio de Educación? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿Colectivos u organizaciones sociales? ¿Partidos políticos?
Segundo: denunciar. Ir a la comisaría y encontrar policías ya entrenados y empáticos para que la denuncia sea tomada en serio y genere acciones de protección. El Ministerio del Interior (Mininter) y el MIMP tendrían que fortalecer sus espacios de formación de personal. La denuncia, a pesar del riesgo de aumentar la violencia, protege a la mujer en caso tenga que abandonar su hogar para salvaguardar su integridad. Sin la denuncia previa, la mujer se arriesga a ser acusada de abandono de hogar y ser privada así de ver a sus hijos.
Tercero: mudarse y terminar la relación. Este es un momento crítico para proteger la vida de las mujeres. ¿Qué red de casas de acogida tenemos? En la actualidad, una mujer abusada depende de su familia extendida o de sus amistades. Sin ellas, no es claro que se pueda salir de una situación de violencia familiar. Y estar del lado de la mujer supone ofrecerle techo, a ella y a sus hijos, así como enfrentar al agresor.
Cuarto: recibir ayuda psicológica. Esta es cara, demanda tiempo, requiere que sea continua y casi nunca es cubierta por los seguros. ¿Cuántos de nuestros hospitales públicos, centros de salud o postas médicas en el país ofrecen este servicio?
Eliminar la violencia contra la mujer es una tarea que requiere de nuestra voluntad de realizar una acción colectiva y contar con un Estado que ofrezca políticas efectivas e integradas entre los diversos sectores de la administración pública.