Lee la columna escrita por nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, para Jugo de Caigua► https://bit.ly/3mM0IWg
Inspirada luego de haber leído la novela Cien cuyes, en la que los héroes son ancianos que afrontan el ocaso de sus vidas con valentía, en los jugos anteriores di a conocer varios aspectos del uso de internet de los adultos mayores de Colombia y Perú: la importancia de la historia laboral previa a la pandemia —artículo del 29 de marzo—, sus reacciones durante la pandemia —artículo del 5 de abril—, así como sus percepciones sobre internet —artículo del 12 de abril—. Nuestras historias sobre cómo usan y piensan sobre internet los adultos mayores en Perú y Colombia podrían continuar, pero, como bien canta Héctor Lavoe, todo tiene su final. Y, si no, siempre pueden consultar el estudio completo aquí.
Al leer estos “cuentos”, quizá algunos de ustedes se hayan preguntado qué podría hacer el Estado, es decir, qué políticas públicas se necesitan para que las diferencias etarias en el uso y apropiación de internet desaparezcan y, con ellas, que los adultos mayores retomen su poder de agencia sobre la tecnología y el futuro.
Antes de ofrecer algunas reflexiones, comparto con ustedes algunos de los comentarios de nuestros entrevistados sobre su interacción con el gobierno durante la pandemia. Alerta: fue muy reducida.
En Colombia, pocos entrevistados señalaron haber realizado trámites con el Estado a través de internet; específicamente, solo uno afirmó que lo había hecho durante la pandemia. En general, mencionaron que si bien el sistema era muy eficiente; no obstante, también existían ciertos temas de seguridad que podrían desalentar su uso, lo que se expresa con claridad en el siguiente testimonio de un hombre de Cali:
“Todos manejamos Procuraduría, Contraloría, todo lo que es certificaciones, todos los impuestos los trabajamos exclusivamente por internet. Lo que es información exógena que recién hoy está en Colombia, nosotros lo hacemos por internet. De manera específica, no manejo temas especializados de los contadores, pero de mi área, derecho, sí. Pasaportes y todo. […] Para mí es muy eficiente. En Cali y Buenaventura me ha funcionado perfectamente. Lo que podría ser es el tema de seguridad, porque la hackeada es fuerte. Ese sí es un tema que hace que a veces uno dude del uso del internet. El tema de seguridad cibernética es complicado”.
Algunos participantes tienen conocimiento sobre qué es lo que se puede hacer y, más o menos, cuál es el procedimiento, pero indican que no son ellos mismos quienes se encargan y que sus parientes lo hacen por ellos, como nos cuenta una mujer de Riohacha:
“He escuchado sobre eso. […] De hacerlo, no lo he hecho, pero mis hijas sí. Ellas me dicen: ‘Cualquier cosa que hace mal, yo te lo pago por Gabiplata’. Cómo uno no va a manejar plata, ya yo pasé eso. La luz por lo menos, los servicios, me dicen: “Mami, no te vayas a mover. Yo de aquí lo pago”.
Mientras tanto, en Perú, las percepciones generales sobre el rol del Estado durante la pandemia fueron negativas. Para algunas personas, las medidas implementadas no fueron las más adecuadas para mitigar los efectos de la pandemia o disminuir los contagios. Efectivamente, entre personas de menores recursos económicos se compartió la percepción de que el sistema de salud pública era tan deficiente que se convirtió en el foco para la propagación del virus. Por ese motivo, varios decidieron no ir a los hospitales a atenderse a pesar de haber contraído el virus, debido a que sentían que su cuadro de enfermedad podía complicarse. En otros casos, los adultos mayores consideraron que las autoridades no estuvieron pendientes de sus necesidades. Muy pocos comentarios sobre internet en estos testimonios, es claro.
Con respecto a los canales de comunicación con el Estado durante la pandemia, se encontró que quienes recurrieron a ellos lo habían hecho para conocer si habían sido o no beneficiarios de bonos económicos. En la mayoría de casos, fueron los familiares o conocidos quienes accedieron a las plataformas en nombre de los adultos mayores, ya que ninguno comentó saber cómo utilizar las plataformas por su cuenta.
Como decía, se trata de retomar el poder de agencia sobre la tecnología, de poder tomar decisiones informadas y para eso necesitamos mucha capacitación. Nuestras municipalidades pueden ser implementadoras de programas masivos de capacitación: son la institución pública más cercana al ciudadano y varias de ellas ya cuentan con centros dedicados al adulto mayor. Junto con ello, sea un programa social como Pensión 65 o las entidades responsables de prestaciones de salud, pueden incluir en sus protocolos de atención la capacitación digital de los adultos mayores.
Como tantos asuntos en nuestro país, el bienestar de los adultos mayores no puede quedar privatizado y depender solo de las familias.