Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el diario El Comercio ►https://bit.ly/3SlPguf
Es notorio que existe escasa expectativa respecto de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre; y es que la actitud se entiende perfectamente. Veinte años después de iniciado el actual proceso de descentralización, podríamos afirmar que este se ha vaciado de contenido. En realidad, después de plantearse metas excesivamente ambiciosas, que terminaron mal, pasamos a una lógica de minimizar su alcance, con lo que, ni los gobiernos regionales, ni los locales, están en condiciones de atender los problemas que más preocupan a los ciudadanos, más allá de la demagogia de los candidatos que prometen cosas que jamás podrán cumplir.
Lo que sí está relativamente a su alcance es la realización de obras puntuales desperdigadas en el territorio que no responden necesariamente a una planificación del desarrollo o a una priorización en función de la atención a la población más vulnerable o el cumplimiento de metas definidas. Muchas veces, su implementación depende de los caprichos o intereses de la autoridad de turno, cuando no de la complicidad de intermediarios o empresas contratistas ejerciendo presión para beneficiarse de estas obras.
Además, el escepticismo ciudadano expresa la constatación de que, aun cuando los partidos nacionales y la práctica política están tremendamente desprestigiados, el mundo de los movimientos regionales y de la política regional y local puede resultar aún peor. Podría decirse que algo se ha intentado avanzar en promover una reforma de los partidos nacionales, con todas sus limitaciones, pero no ocurrió algo equivalente para los movimientos regionales. No es de extrañar, pues, la respuesta ciudadana.
La actual etapa descentralista se inició con el nuevo siglo, con mucho voluntarismo, pero también con mucha improvisación. Muy rápidamente el diseño inicial colapsó, las regiones propiamente dichas nunca llegaron a constituirse y nos quedamos con regiones sobre la base de los departamentos, una cuestión que nadie había imaginado como algo deseable, pero que se terminó asentando con el paso del tiempo. En el contexto del ‘boom’ del crecimiento económico, se buscó transferir presión política y responsabilidades a las regiones y municipios, pero esto no hizo sino desnudar la precariedad y el escaso desarrollo de capacidades en estas instancias de gobierno, con lo que terminamos con un esquema caótico de competencias y responsabilidades superpuestas, en las que diferentes niveles de gobierno se echan mutuamente las culpas de los problemas sin atender. En cuanto al manejo presupuestal, el Gobierno Central tiende a transferir recursos, pero con un conjunto de candados y tiempos que al final limitan la acción de autoridades que quisieran trabajar mejor, pero que no terminan siendo eficaces para evitar el mal manejo de estos o la extensión de la corrupción.
Hemos pasado por varias etapas en este proceso descentralista. Al inicio, entre el 2002 y el 2006, pensábamos que los partidos nacionales podrían relegitimarse a partir de buenas gestiones regionales, pero en realidad lo que ocurrió es que fueron desplazados por movimientos regionales, que tendieron a fragmentar la comunidad política. Entre el 2006 y el 2013, pensamos que emergerían nuevos liderazgos desde las regiones que ayudarían a renovar la política nacional, pero personajes como Yehude Simon, César Villanueva o Martín Vizcarra no terminaron, por decirlo amablemente, cumpliendo esa promesa. Y desde el 2014 empezamos a ver cada vez más presidentes regionales denunciados, investigados, detenidos y encarcelados por actos de corrupción; al mismo tiempo, la llegada al poder de líderes con discursos demagógicos, extremistas, que tampoco llegaron a consolidarse. Desde entonces, el vacío y la falta de rumbo en el proceso intentó cubrirse con los consejos de ministros descentralizados, Consejos de Coordinación Intergubernamentales, las Cumbres de Descentralización, los GORE ejecutivos, etc., buscando soluciones ‘ad hoc’ y de corto plazo para la agenda más inmediata. En realidad, lo que correspondería hacer es una revisión profunda del actual modelo e iniciar un proceso de reformas. Está claro que persistir con la actual inercia generará aún más frustraciones.