Lee la columna de Roxana Barrantes, investigadora principal del IEP, escrita para el Diario El Comercio
«No hay ningún tipo de vacío» fueron las palabras del abogado Natale Amprimo en la noche del 9 de noviembre, luego de la votación en el Congreso con la que vacaban al entonces presidente Vizcarra por «incapacidad moral permanente».
Los colegas de ciencia política saben muy bien que, efectivamente, nunca hay vacíos de poder. Pero quienes están en la gestión pública saben que cada cambio de autoridad genera un período de inacción.
Si bien la autoridad se ejerce hasta que llega la siguiente y uno puede transferir el cargo, siempre que su renuncia haya sido aceptada, lo cierto es que, desde que se conoce sobre algún cambio, esa autoridad se convierte en un «pato cojo», prestado del término en inglés «lame duck».
Con la votación del Congreso el lunes pasado, resulta que, en un día, los funcionarios debían prepararse para el equivalente a un cambio de gobierno, ese que ocurre cada cinco años. Pero este período ha sido sui géneris, ya que en marzo del 2018 ocurrió otro cambio, aunque menos dramático que este. ¿Están los funcionarios adaptados a tanto cambio, más aún en el contexto de teletrabajo?
Agrego que estamos viviendo la peor crisis en la historia del Perú, comparable a la de la Guerra con Chile, por si fuera poco. La crisis económica es resultado, ni más ni menos, de una crisis sanitaria por una enfermedad que no tiene ni cura ni vacuna y ha traído luto a decenas de miles de familias peruanas. Lo repito, porque parece que a nuestros líderes se les está olvidando.
No sé si hoy, una semana después, se puede seguir afirmando que «no hay ningún tipo de vacío».
Solo en seis días, varios grupos en el Congreso percibieron que era el día del recreo y aprovecharon el «vacío» negado: regresar al bachillerato automático, pero se corrigió para que solo se aplique este año con la justificación de la pandemia; se mantiene la invitación a los rectores de las universidades con licencia denegada a una audiencia en el Congreso; se amenazó a la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), pero luego de las protestas ciudadanas se retiró la carta; ingresaron dos proyectos de ley para destruir la institucionalidad ambiental, y nuevamente se los retiró.
En uno de ellos, se propuso legalizar la minería aluvial, que contamina los ríos y afecta directamente la ingestión de proteínas de nuestros compatriotas que viven en la cuenca amazónica y, en el camino, esclaviza (sea laboral o sexualmente) a jóvenes y niñas.
Por otro lado, Ántero Flores-Aráoz, quien ayer todavía era primer ministro, ha dicho que tiene una opinión favorable a la «devolución» de los fondos de la ONP; lo que es imposible, ya que no hay absolutamente nada que devolver porque la ONP funciona como un sistema de reparto.
El dólar sigue subiendo, y no estoy segura de que sea porque EE.UU. y China siguen peleando. Nuestros bonos subieron porque los mercados internacionales-esa figura abstracta para muchos, que solo en abril tenía una demanda voraz por los bonos peruanos-ahora dudan de nuestra habilidad, duramente lograda, de tener las cuentas fiscales claras y con afectación manejable, en medio de la pandemia.
Vacíos de poder no hay, efectivamente. El gran problema para la sociedad, la economía y la política es quién los llena y cómo lo hace: por la fuerza de la violencia o por la fuerza de la voz ciudadana.