La última encuesta del IEP aborda un problema que, junto con la economía, preocupa a buena parte del país: la seguridad. Solo tres de cada diez peruanos declaran sentirse muy o algo seguros; y en Lima Metropolitana son solo dos de cada diez.
La confianza en las instituciones vinculadas con la seguridad (prevención, protección y sanción) es baja. El 71% confía poco o nada en la policía y tampoco son buenas las cifras de la Fiscalía y el Poder Judicial. Las Fuerzas Armadas generan más confianza, pero, aunque la ciudadanía quiera que salgan a las calles, esa no es su función central.
Ante la sensación de inseguridad y la poca confianza en quienes deberían garantizar nuestra tranquilidad, la ciudadanía busca alternativas, como organizarse con los vecinos (sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos) o poseer un arma de fuego. El 54% afirma que ha tomado medidas para protegerse de la delincuencia, pero de ellos solo el 1% recurriría a la fuerza pública (policía o serenazgo).
Este clima de inseguridad y baja institucionalidad arroja sombras sobre nuestro futuro inmediato. Es ya el 55% que apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos de las personas. Con estas cifras, es evidente que, en pleno año preelectoral, cada vez escucharemos más discursos populistas de mano dura (penas mayores o estados de emergencia). Está por ver que sirvan para algo.