Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el diario El Comercio. ►http://bit.ly/3kp62xs
La semana que pasó, el Congreso de la República terminó la primera legislatura ordinaria del período anual 2022-2023, ampliada hasta el 17 de febrero y, a pesar de los pedidos de la presidenta Dina Boluarte, de la opinión del 73% de los ciudadanos que está de acuerdo con tener elecciones generales este año y de los propios anuncios de la mayoría de los parlamentarios, no se llegó a aprobar ninguna propuesta de reforma constitucional que permitiera el recorte del mandato originado en el 2021 y tener elecciones en un plazo razonablemente breve que nos permitieran salir del entrampamiento político en el que nos encontramos. Llama la atención la grave desvinculación de la institución que en principio representa a todos los ciudadanos del país del sentir de estos, donde un 89% de los encuestados desaprueba su desempeño. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos sentimos representados por el Parlamento actual, elegido por todos nosotros apenas en abril del 2021?
Los politólogos llevamos hablando casi 20 años de que tenemos una democracia que funciona precariamente sin partidos políticos. En la medida en que quienes postulan a las elecciones son precisamente los partidos, los ciudadanos estamos forzados a elegir entre una oferta de listas débiles e improvisadas, que muy rápidamente generan decepción y rechazo. Sin embargo, en la actualidad todos percibimos muy agudamente que los problemas de representación y de funcionamiento del Congreso nunca habían sido tan graves como ahora. Siempre estuvimos muy mal y ahora parece ser mucho peor. ¿Cómo entender esto?
A mi juicio, el punto de partida a considerar es que, si bien siempre ha habido impresentables en el Parlamento, estos personajes pasaban antes relativamente desapercibidos, en tanto los líderes más conspicuos de las bancadas eran los que definían la dinámica congresal. En el período 2001-2006 representantes como Henry Pease, Jorge del Castillo, Ántero Flores-Aráoz o Javier Diez Canseco cumplían la función de ‘gatekeepers’, canales que hacían posible la materialización de iniciativas políticas, y también filtros que impedían el avance de propuestas desatinadas. En el 2006-2011 se formó una mayoría conservadora a través del Apra, Unidad Nacional y el fujimorismo, y personajes como Mercedes Cabanillas y Javier Velásquez, Javier Bedoya y Raúl Castro, y la propia Keiko Fujimori cumplían esa función. En el 2011-2016 empezaron a verse ya los síntomas del debilitamiento de esos ‘gatekeepers’, registrándose con más intensidad problemas de indisciplina, fraccionamiento y transfuguismo. Así, Gana Perú empezó con 47 parlamentarios y terminó con 25, Perú Posible empezó con 21 y terminó con 11, la Alianza por el Gran Cambio, que eligió a 12 congresistas, desapareció, y pasamos de cinco a nueve grupos parlamentarios a lo largo del período. En el 2016 todo cambió con la supermayoría fujimorista. El problema pasó por un momento a ser el férreo control de la bancada ejercido por Keiko Fujimori y su entorno más cercano. Los problemas detectados en el 2011 reaparecieron con aún más fuerza en las elecciones congresales del 2020 y del 2021.
En ambos casos empezamos con Congresos muy fraccionados, con nueve bancadas, pero, sobre todo, sin figuras fuertes en los principales grupos políticos, capaces de ejercer las funciones de canalización y filtro descritas, y de negociación, cuando más necesarias resultan. La desaparición de estas figuras refleja que los partidos han perdido una mínima estructura, articulación política y programática, y se han convertido en poco más que vehículos electorales para el desarrollo de intereses particulares. Los núcleos dirigenciales partidarios, sus “estados mayores”, se han pulverizado (Acción Popular y Fuerza Popular son una muestra elocuente de ello) y la representación parlamentaria de los departamentos, en todos los partidos, refleja emprendimientos personalistas, que también se ven en los ámbitos regionales y municipales. Los efectos combinados de los escándalos asociados a casos como Lava Jato y otros, la crisis política del 2019-2020 y el impacto del COVID-19, entre otros, nos han conducido a este punto particularmente bajo, dentro de una historia ya bastante pobre.