El cambio de la Constitución ha entrado en la discusión política, aunque de manera atropellada y sin una agenda clara. Hace varios años que estamos discutiendo e implementando diversas reformas a la Constitución, en la línea de la opinión mayoritaria de los encuestados (49%); pero un 48% declara que prefiere una “nueva” Constitución.
Ese pedido es más intenso en el Perú rural, en el sur y entre los más pobres, menos educados, y entre quienes se identifican con posiciones de izquierda; lo que sugiere que expresa un sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento del sistema político, y la demanda de un cambio profundo. No hay confianza en las instituciones, por lo que la nueva Constitución debería encargarse a una Asamblea Constituyente, no al próximo Congreso (aunque lo concreto es que el proyecto de Asamblea presentado recientemente en el Congreso establece que esa Asamblea sea elegida con reglas muy similares a las de la elección del Congreso).
¿Qué debería cambiar? De lejos, las demandas de represión con “mano dura” son las que más sintonizan con el sentido común, no demandas de reconocimiento y ampliación de derechos (con la excepción relativa de los más jóvenes); luego, mayor intervención del Estado en la economía; pero también hay demandas de carácter conservador y promercado. En suma, demandas cruzadas de cambio con un tinte general conservador. No parece casual que parlamentarios de UPP, Podemos y Frente Amplio sientan que podrían ganar posiciones con esta agenda.
Columna publicada en La República, 15 de diciembre de 2020.