Lee la columna «Nuevos actores subnacionales» escrita por Martín Tanaka, investigador principal del IEP, para el Diario El Comercio ► https://bit.ly/43B2D2n
Hace un par de semanas nuestro Congreso aprobó una norma según la cual se reduce el Impuesto General a las Ventas, percibido por el Gobierno Central, y se duplica el Impuesto de Promoción Municipal. Esta decisión ha recibido duras críticas del Consejo Fiscal, advirtiendo “mayores riesgos sobre la sostenibilidad fiscal”, y Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas, expresidente del Consejo Fiscal y exmiembro del directorio del BCR, ha calificado esta medida como “la ley fiscal más dañina de este siglo”. Como muchos comentaristas han advertido, esta propuesta muy probablemente elevará nuestros niveles de déficit (que tendrán que cerrar los próximos gobiernos), y no necesariamente se expresará en mejoras en la calidad del gasto público en los distritos y provincias con mayores necesidades insatisfechas.
Esta medida, aprobada por unanimidad, está claramente alineada con la lógica con la que opera nuestro Congreso: tomar decisiones fortaleciendo sus propias prerrogativas e intereses frente a otros poderes del Estado, y privilegiando intereses de grupos vinculados a actividades informales, rechazando lógicas “tecnocráticas” e “institucionalistas”. Lo que hemos constatado en este Congreso es que la conducta de los partidos con representación parlamentaria no se entiende partiendo de sus supuestos perfiles programáticos o ideológicos, sino de los intereses regionales y sectoriales, que atraviesan a todas las bancadas. Al ser partidos sin cuadros propiamente dichos, han terminado siendo vehículos para la entrada de diversos emprendedores políticos regionales, interesados en desarrollar carreras en esos ámbitos, estrechamente vinculados a las nuevas dinámicas económicas subnacionales, donde las actividades informales e ilegales resultan altamente competitivas. Aumentar los recursos municipales, prescindiendo de consideraciones de calidad de gasto, es invertir en la continuidad de esas carreras en ámbitos subnacionales una vez que se deje el Congreso. Y las estructuras nacionales centrales de los partidos carecen, como antes, de capacidad para disciplinar mínimamente o de imponer lógicas basadas en consideraciones técnicas o programáticas. Partidos de derecha que antes eran celosos guardianes de la estabilidad fiscal ahora apoyan entusiastamente este tipo de iniciativas, y el MEF, que como guardián de la ortodoxia macroeconómica antes habría objetado decididamente la norma, ahora la respalda y más bien plantea aumentar los límites de déficit.
Constatamos un gobierno sometido a los intereses parlamentarios, y una representación en la que consideraciones políticas nacionales no son capaces como en el pasado de “disciplinar” los intereses de los políticos regionales. En el pasado, existía algo que se acercaba a la existencia de élites regionales: basadas en poderes económicos formales, prestigio profesional o intelectual, el desarrollo de liderazgos sociales o gremiales, alimentaban a las organizaciones políticas de derecha y de izquierda, y establecían lazos entre las lógicas de la política nacional y la vida de las regiones, en una relación siempre tensa y conflictiva, pero relación al fin. Desde hace varias décadas, constatamos el debilitamiento y práctica desaparición de élites regionales formales reconocidas, y en el último tiempo hemos asistido a dinámicas de crecimiento económico fuertemente marcadas por la expansión de actividades informales, y la aparición de nuevos liderazgos, que desde el poder económico buscan conquistar influencia política, pero para consolidar sus intereses sectoriales. Cada vez hay menos espacio para pensar en propuestas de desarrollo en las regiones, y ganan espacio emprendimientos particularistas de liderazgos informales emergentes. En todos los partidos.