[COLUMNA] «Número de partidos», por Martín Tanaka

En las últimas semanas, con justificada preocupación, se está discutiendo sobre el número de partidos políticos peruanos. De un lado, tenemos 43 partidos que podrán competir en las elecciones generales y subnacionales del próximo año, número evidentemente excesivo. Está claro que las preferencias políticas de los peruanos no requieren tener 43 partidos; también que no es creíble que existan 43 redes nacionales de más de 25.000 militantes comprometidos con sus organizaciones. No es sorprendente que la falta de militantes se encubra con la falsificación de firmas. Pero, del otro lado, analistas como Alfredo Torres y Fernando Tuesta, con razón, expresan una preocupación que parece ir en un sentido contrario: según Torres, muy probablemente, en el próximo Congreso, “el riesgo es que (…) solo alcancen representación dos o tres partidos en el Senado y quizá uno o dos más (…) una pequeña presencia en la Cámara de Diputados”. Y, según Tuesta, “si tomamos como antecedente todas las elecciones celebradas en lo que va del siglo, es probable que no más de seis partidos lograrán representación en el próximo Congreso”. Este efecto “reductor” se da porque en las elecciones del 2026 elegiremos diputados y senadores, y las reglas de acceso al Congreso son más exigentes (5% de votos y además 5% de representantes en alguna de las cámaras, es decir, siete diputados o tres senadores). En suma, tenemos al mismo tiempo, de un lado, demasiados partidos en competencia, poco representativos, con lo que las campañas electorales resultarán desordenadas y ruidosas; y, del otro, reglas de asignación de escaños más exigentes, con lo que podríamos tener una representación excesivamente distorsionada, alejada de la proporcionalidad. Un escenario ventajoso para “minorías activas”.

No deberíamos haber llegado a 43 partidos inscritos y en competencia. En la Comisión de Reforma Política de marzo del 2019, planteábamos que el padrón de afiliados debía ser “público y de libre acceso a la ciudadanía”, con actualizaciones “permanentes, en tiempo real”, y que incumplir sus requisitos implicaría la suspensión y eventualmente la cancelación de su inscripción. La existencia de afiliados no debería fiscalizarse a través del análisis de la grafía de las firmas, sino verificando la voluntad de los afiliados. Y el segundo control eran las elecciones primarias, eliminadas por este Congreso. Con menos organizaciones en competencia, y más representativas, tendríamos un proceso electoral más ordenado, y hubiera tenido sentido tener requisitos más exigentes para acceder a la distribución de escaños en el Congreso.

Estando ya con el proceso electoral en marcha, poco o nada se puede hacer respecto al número de partidos en disputa o respecto al mecanismo de asignación de escaños. Los partidos y candidatos más responsables deben hacer una evaluación muy realista de sus posibilidades de pasar una barrera electoral más exigente; y, por lo tanto, de la necesidad de establecer alianzas significativas, atractivas para los ciudadanos. No solo se produciría una gran depuración de partidos artificiales a inicios del 2027; el gran riesgo es que minorías activas poco representativas y alejadas de las preferencias mayoritarias terminen teniendo una sobrerrepresentación en el próximo Congreso. Así, podrían obtener escaños candidatos motivados por intereses particulares antes que programáticos, con lo cual no solo podemos tener más de lo que tenemos ahora, algo que se asemeje al actual Congreso, tan desprestigiado, sino algo incluso peor.